El Gobierno del Estado de México aprobó recursos superiores a 756 mil pesos para garantizar la reparación del daño a víctimas y facilitar el acceso a beneficios jurídicos de personas privadas de la libertad que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
La autorización fue realizada durante la Primera Sesión Ordinaria del Fondo de Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), organismo adscrito a la Consejería Jurídica estatal, donde se avalaron ocho solicitudes para cubrir montos económicos fijados por autoridades jurisdiccionales.
Con esta medida, 10 Personas Privadas de la Libertad podrán avanzar en los procedimientos para acceder a beneficios como libertad anticipada, libertad condicionada y amnistías, siempre que cumplan con las disposiciones legales correspondientes.
El encargado del despacho del Instituto de la Defensoría Pública, José Carlos Neira Cruz, explicó que este mecanismo busca atender una barrera económica que enfrentan personas en situación de vulnerabilidad y que, pese a cumplir con los requisitos jurídicos, no cuentan con recursos suficientes para cubrir la reparación del daño establecida por un juez.
Señaló que el Fondo representa una herramienta para fortalecer el acceso a la justicia, garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a los procesos de reinserción social mediante un esquema basado en criterios técnicos y transparencia.
Neira Cruz indicó que, por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se busca impulsar una justicia con enfoque social que permita reducir desigualdades y brindar atención a los sectores que requieren mayor apoyo.
Asimismo, detalló que el monto máximo que puede otorgarse a través del Fondo de Reparación del Daño es de 300 mil pesos por persona, y que cada solicitud es analizada por el Comité Técnico mediante una revisión responsable y apegada a derecho.
El Gobierno del Estado de México destacó que este programa permite equilibrar el acceso a beneficios jurídicos con el derecho de las víctimas a recibir la reparación del daño correspondiente, mediante procesos objetivos y transparentes.
