La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 3/2026 dirigida a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), tras detectar condiciones de riesgo en el Jardín de Niños “Manuel González” y la Telesecundaria “Dr. Gustavo Baz Prada”, ubicados en la comunidad de Capula, municipio de Sultepec.
La Comisión concluyó que la actuación institucional fue insuficiente para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como sus derechos a la educación, integridad y seguridad personal, educación de calidad y protección civil.
La investigación inició luego de que personal de la Visitaduría General Toluca constató daños estructurales en la telesecundaria, entre ellos grietas, filtraciones de agua, afectaciones en losa y desprendimientos en aulas que dejaron de utilizarse para actividades escolares.
Posteriormente, también se documentaron deterioros en el preescolar, incluyendo bardas colapsadas, cuarteaduras, sanitarios fuera de servicio, daños en cimientos y espacios improvisados para impartir clases, como carpas de lona.
De acuerdo con la CODHEM, parte de las afectaciones estarían relacionadas con movimientos telúricos registrados en 2017 y trabajos realizados en terrenos contiguos para ampliar la telesecundaria.
Aunque las autoridades escolares implementaron medidas preventivas como delimitación de áreas, señalización, apuntalamiento y control de accesos, el organismo señaló que dichas acciones no resolvieron de fondo las condiciones de riesgo.
Durante visitas realizadas en 2025 y 2026, la Comisión verificó que el alumnado del preescolar fue trasladado temporalmente a otro inmueble educativo; sin embargo, en la telesecundaria persistían zonas deterioradas mientras continuaban las actividades académicas.
La CODHEM también consideró las solicitudes realizadas por madres y padres de familia desde 2024 para exigir atención urgente, al tratarse de una comunidad rural con condiciones de vulnerabilidad social.
Con esta recomendación, el organismo busca que las autoridades educativas implementen acciones integrales para garantizar espacios escolares seguros y adecuados para la comunidad estudiantil.
