El Congreso del Estado de México aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal y estableció en su lugar una pena máxima de 70 años de cárcel, como parte de una reforma impulsada por la diputada Sofía Martínez Molina y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La medida responde a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado incompatible la prisión vitalicia con el principio constitucional de reinserción social, al impedir cualquier posibilidad de revisión o reducción de la condena.
De acuerdo con el dictamen avalado por la Legislatura mexiquense, esta figura convertía la sanción penal en una medida meramente retributiva, al privar de forma perpetua la libertad sin permitir evaluar el avance de la persona sentenciada ni su eventual reincorporación a la sociedad.
Las y los legisladores señalaron que la reforma fortalece el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penal y garantiza la aplicación del principio de proporcionalidad de las penas, evitando castigos considerados arbitrarios o contrarios a la dignidad humana.
Con la modificación, todos los artículos del Código Penal estatal que contemplaban la prisión vitalicia serán ajustados para fijar como sanción máxima 70 años de prisión.
Además, el decreto establece que las personas sentenciadas actualmente a prisión vitalicia podrán solicitar la revisión de su condena por vía incidental, para que la autoridad judicial adecúe la pena conforme al grado de culpabilidad y al parámetro de punibilidad aplicable en cada caso.
Durante la discusión, la diputada Sofía Martínez sostuvo que la reforma no representa un debilitamiento en el combate a delitos graves, sino la construcción de un sistema penal más justo, moderno y alineado con el marco constitucional.
Con esta decisión, el Estado de México armoniza su legislación penal con los criterios nacionales en materia de derechos humanos y justicia penitenciaria.
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