El Congreso del Estado de México aprobó una reforma para ampliar los supuestos de acceso a la amnistía, con el objetivo de beneficiar a mujeres privadas de la libertad cuyos procesos judiciales no incorporaron perspectiva de género o de derechos humanos, así como a personas acusadas o sentenciadas por delitos cometidos en contextos de vulnerabilidad, desventaja o asimetría social.
La modificación, avalada por la Legislatura mexiquense, también contempla la creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía, órgano permanente que podrá analizar expedientes relevantes y promover solicitudes de liberación ante las autoridades competentes.
El dictamen integra propuestas presentadas por el diputado Octavio Martínez Vargas, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y reforma la Ley de Amnistía, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Poder Legislativo estatal.
Entre los nuevos supuestos aprobados se incluye la posibilidad de otorgar amnistía a personas privadas de la libertad que cuenten con recomendaciones o resoluciones de organismos nacionales, locales o internacionales de derechos humanos que acrediten violaciones al debido proceso o vulneraciones a sus garantías fundamentales.
La reforma también extiende este beneficio a quienes hayan auxiliado, con consentimiento de la madre o persona gestante, en la interrupción del embarazo, ampliando el alcance de la legislación vigente.
Asimismo, se precisa que podrán acceder a este mecanismo personas mayores de 65 años que padezcan enfermedades terminales o crónico-degenerativas graves debidamente diagnosticadas.
Como parte de los cambios, el Instituto de la Defensoría Pública y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fortalecerán la orientación, asesoría y defensa jurídica de quienes soliciten acogerse a este beneficio.
La nueva comisión legislativa podrá intervenir en casos presentados por familiares directos, organizaciones civiles u organismos defensores de derechos humanos debidamente acreditados, cuando existan elementos que sugieran violaciones a derechos fundamentales o fallas en la impartición de justicia.
Con esta reforma, el Congreso busca consolidar un modelo de amnistía con enfoque de justicia social, derechos humanos y revisión de casos con posibles irregularidades judiciales.
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