El Centro Prodh criticó el informe presentado por autoridades federales sobre desapariciones de personas, al considerar que reduce la dimensión real del problema y minimiza la responsabilidad del Estado en su atención.
Durante la reciente presentación de la Estrategia de búsqueda y localización en la conferencia matutina, el organismo señaló que, si bien es necesario mejorar los registros y transparentar las metodologías, la narrativa oficial parte de una premisa equivocada al sugerir que no existen desapariciones forzadas o que la mayoría de los casos corresponden a ausencias voluntarias.
El Centro Prodh advirtió que acotar la cifra a poco más de 43 mil personas desaparecidas invisibiliza una crisis de mayor magnitud, la cual —subrayó— no puede resolverse únicamente mediante revisiones administrativas en bases de datos.
Asimismo, expresó preocupación por los más de 46 mil registros clasificados como de “datos insuficientes”, ya que no se anunciaron acciones claras para su actualización ni para fortalecer las labores de búsqueda, lo que en la práctica traslada la carga a las familias.
El organismo enfatizó que las fallas en los registros son responsabilidad de las autoridades, quienes tienen la obligación de documentar adecuadamente los casos y activar de inmediato mecanismos de localización.
Otro punto crítico es que solo existen alrededor de 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas, lo que refleja —indicó— las dificultades que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos donde operan redes criminales.
Además, cuestionó la afirmación de que más del 90 por ciento de las personas reportadas han sido localizadas, al señalar que en muchos casos estos hallazgos son resultado de las propias acciones de familiares y comunidades, y no de intervenciones estatales.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9 por ciento en México, por lo que el Centro Prodh advirtió que las detenciones anunciadas no son suficientes si no derivan en procesos judiciales sólidos y sentencias.
Finalmente, el organismo subrayó que, pese a los esfuerzos por actualizar cifras en distintas administraciones, aún no se ha presentado una política nacional integral para la prevención y erradicación de las desapariciones, como lo han recomendado instancias internacionales, lo que impide atender de fondo una de las crisis más graves en materia de derechos humanos en el país.
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