En comisiones de la LXII Legislatura del Estado de México se aprobó la eliminación de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, estableciendo en su lugar una pena máxima de hasta 70 años de cárcel, como parte de una reforma orientada a garantizar un sistema de justicia más equitativo y acorde a los estándares constitucionales.
El dictamen, que integra las iniciativas de la diputada Sofía Martínez Molina (PT) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, señala que la prisión vitalicia implica una privación perpetua de la libertad sin posibilidad de revisión o reducción, lo que anula cualquier expectativa de reinserción social y convierte la sanción en una medida exclusivamente retributiva.
Durante el análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, sus integrantes coincidieron en que esta figura contraviene los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha determinado que la prisión vitalicia es incompatible con el modelo constitucional, al no contemplar mecanismos que permitan evaluar la evolución de la persona sentenciada y su posible reincorporación a la sociedad.
La reforma también reconoce el principio de proporcionalidad en la imposición de penas, considerado fundamental para la protección de los derechos humanos dentro del sistema penal, al evitar castigos desmedidos o contrarios a la dignidad humana.
Al respecto, la diputada Sofía Martínez destacó que esta modificación no solo responde a un criterio jurídico, sino que atiende el mandato constitucional de construir un sistema penal basado en el respeto a los derechos humanos, sin debilitar la respuesta del Estado frente a delitos graves.
Subrayó que eliminar la prisión vitalicia no implica impunidad, sino el fortalecimiento de un modelo de justicia más justo, que contemple la posibilidad de reinserción social bajo condiciones evaluables.
El proyecto de reforma contempla modificar diversos artículos del Código Penal estatal para establecer como sanción máxima los 70 años de prisión, además de que los casos en los que actualmente exista prisión vitalicia deberán ser revisados por la autoridad judicial, a fin de adecuar las penas conforme al grado de culpabilidad y los parámetros legales aplicables.
Con esta medida, el Congreso mexiquense avanza en la construcción de un sistema penitenciario alineado con los principios constitucionales y los estándares nacionales en materia de justicia penal.
