El diputado Isaías Peláez Soria, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal con el objetivo de imponer la castración química como sanción para quienes cometan el delito de violación, especialmente en contra de grupos vulnerables.
La propuesta contempla que este tratamiento de inhibición sexual —basado en la administración de fármacos para reducir el deseo sexual— sea obligatorio, permanente y aplicable tras la sentencia condenatoria, en casos donde las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
De acuerdo con el proyecto, las penas por este delito podrían alcanzar hasta 60 años de prisión en situaciones agravadas, particularmente cuando exista violencia física o moral, o cuando el agresor tenga una relación de confianza, subordinación o cercanía con la víctima, ya sea familiar, laboral, docente, médica, doméstica o religiosa.
Asimismo, se establece que la sanción también aplicaría cuando el responsable utilice su cargo público, profesión o recursos institucionales para cometer el delito, lo que implicaría, además, la destitución del puesto e inhabilitación de hasta 15 años.
El legislador señaló que la iniciativa busca fortalecer el marco legal para combatir la impunidad y proteger a los sectores más vulnerables, al considerar que la violencia sexual requiere medidas más contundentes de prevención y castigo.
En este sentido, se plantea que las penas base por violación alcancen hasta 30 años de prisión, incrementándose a 40 años cuando la víctima sea menor de edad, y hasta 45 años si existen condiciones que limiten su capacidad de comprender o resistir la agresión.
Además, en casos donde participen dos o más personas o cuando la agresión derive en la muerte de la víctima, las sanciones podrían oscilar entre 50 y 70 años de prisión, reforzando así el carácter punitivo de la propuesta.
El proyecto también establece que el tratamiento de inhibición sexual deberá aplicarse durante el tiempo de la condena y continuar posteriormente, bajo supervisión médica autorizada y conforme a los lineamientos del sistema penitenciario estatal.
Durante la exposición, el diputado advirtió que en México se registran decenas de casos de violación diariamente, muchos de ellos sin denuncia, lo que refleja altos niveles de impunidad. Por ello, subrayó la necesidad de implementar medidas que no solo castiguen, sino que también inhiban la reincidencia.
Finalmente, la iniciativa será analizada en la LXII Legislatura del Estado de México, donde se discutirá su viabilidad jurídica y su posible impacto en el sistema de justicia penal de la entidad.
