El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México propuso otorgar incentivos fiscales a empresas y empleadores que contraten a personas con discapacidad, con el objetivo de promover su inclusión en el mercado laboral.
La iniciativa, presentada por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y respaldada por la bancada coordinada por Pablo Fernández de Cevallos González, plantea reformar la Ley de Ingresos estatal de 2026 para establecer una bonificación del 100 por ciento al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal durante 36 meses a quienes generen nuevos empleos para este sector.
Durante la exposición de la propuesta en el Congreso mexiquense, el legislador Anuar Azar señaló que la medida busca incentivar a las empresas para que abran oportunidades laborales a personas con discapacidad, mientras que el gobierno respaldaría esta inclusión mediante estímulos fiscales.
De aprobarse por el Pleno de la LXII Legislatura, este beneficio se sumaría a los subsidios ya existentes para la contratación de personas de 60 años o más, así como de profesionistas que hayan concluido estudios técnicos, tecnológicos o profesionales entre 2024 y 2026.
El documento también plantea reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios para que las personas físicas o jurídico-colectivas que empleen a personas con discapacidad puedan deducir de sus ingresos acumulables un monto equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a estos trabajadores.
Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deberán contar con el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, relativas a las responsabilidades de los patrones.
La iniciativa destaca que la contratación de personas con discapacidad genera beneficios para las organizaciones, como mayor diversidad y resiliencia en los equipos de trabajo, menor rotación laboral y una mejor imagen corporativa al demostrar compromiso con la responsabilidad social.
Asimismo, señala que la inclusión laboral puede ampliar el mercado de productos y servicios accesibles para más personas consumidoras, además de generar ahorros a largo plazo para el sistema público al reducir costos en prestaciones sociales y aumentar la recaudación fiscal.
De acuerdo con el Informe de Pobreza Multidimensional en México 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 41.2 por ciento de las personas con discapacidad en el país se encontraba en situación de pobreza, de las cuales el 33.1 por ciento vivía en pobreza moderada y el 8.1 por ciento en pobreza extrema.
Además, el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el 16.4 por ciento de la población del Estado de México presenta alguna limitación, discapacidad o condición mental que le dificulta realizar actividades cotidianas.
