La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, al señalar que cualquier acción en territorio nacional dependerá exclusivamente de las pruebas que presente la autoridad competente.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la posición de su gobierno se basa en “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, y reiteró que no habrá protección para nadie si existen elementos legales que acrediten un delito.
Explicó que la Fiscalía General de la República será la instancia encargada de analizar la información enviada por autoridades extranjeras y determinar si hay bases suficientes para iniciar procesos legales conforme al marco jurídico mexicano.
Sheinbaum precisó que, si la FGR encuentra pruebas contundentes, deberá proceder conforme a derecho, pero advirtió que en caso de no existir evidencia clara, las imputaciones podrían tener un trasfondo político.
Asimismo, indicó que la Fiscalía realizará una investigación propia para recabar información que permita esclarecer si las acusaciones tienen sustento legal.
La presidenta subrayó que México no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en decisiones internas, al enfatizar que la relación con otros países debe darse bajo principios de igualdad y respeto a la soberanía nacional.
