El coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Enrique Provencio Durazo, estimó que las tendencias de la presente década, y al menos para las próximas cuatro, apuntan a la desaceleración de la expansión económica mundial, aunque con grados diferenciados para los grupos de países y regiones.
“Este proceso había cobrado forma antes de la crisis de 2020 por la pandemia del coronavirus, y se manifestó después de la de 2008-2009. Aunque los escenarios de comportamiento económico probable muestran una gran variabilidad, tienden a confluir en que hacia el periodo 2050-2060 el crecimiento global rondará el dos por ciento anual, que contrasta con el cuatro por ciento anual de los primeros años del siglo XXI”, añadió.
Lo anterior, explicó, se debe a que los propulsores del crecimiento potencial se están debilitando (inversión, productividad y comercio mundial); han perdido impulso un periodo largo y, por efecto de la transición demográfica, la fuerza de trabajo aumenta menos.
“A esto se agregan recesiones, conflictos bélicos, desastres y alteraciones en los mercados petrolero y de alimentos”, indicó el universitario durante su participación en la Mesa 5 “Del plan al presupuesto, escenarios de desarrollo al 2030”, en ocasión del Diálogo por un México Social. Momento y Perspectivas del Desarrollo, organizado por el PUED y la Facultad de Economía (FE).
En el auditorio Narciso Bassols de la FE, ante la moderadora y profesora de esa entidad académica, Sara María Ochoa León, consideró: en el caso de México los factores relevantes que podrían obstaculizar la actividad económica en los próximos seis meses son la inseguridad y problemas del estado de derecho.
Prioritarios
En su oportunidad, el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, José Nabor Cruz Marcelo, definió el gasto social en nuestra nación como el desembolso del sector público que financia las acciones, servicios, programas, proyectos y transferencias, cuyo objetivo es atender el bienestar de las personas en ejercicio de sus derechos.
Detalló cómo su composición se ha modificado en diferentes sexenios, siempre considerando rubros como salud, educación, seguridad social, desarrollo regional y urbano, vivienda y, recientemente, protección ambiental.
Explicó que a partir de 2018 hubo cambios, pues se buscó la cuasiuniversalización de los programas sociales bajo la figura de prioritarios; la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de la Secretaría de Bienestar creció de 10.9 por ciento en 2019, a 26.7 por ciento en 2024.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 destinó 835 mil millones de pesos a los Programas para el Bienestar, incluyendo pensiones, becas y otros apoyos.
De acuerdo con el experto, los principales retos en el financiamiento en la materia son: insuficiencia de ingresos; aumento del gasto público en otros rubros como infraestructura y deuda; y una base tributaria que no ha crecido lo suficiente.
Para enfrentarlos se busca incrementar la recaudación a través de mejor fiscalización y revisión de exenciones fiscales; hacer más eficaces los programas y atacar las causas estructurales de la pobreza y desigualdad, a fin de no depender únicamente de transferencias monetarias, finalizó Cruz Marcelo.
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