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Garantiza EdoMéx defensa penal gratuita y en lengua materna para pueblos originarios

Garantiza EdoMéx defensa penal gratuita y en lengua materna para pueblos originarios

El Instituto de la Defensoría Pública cuenta con especialistas en otomí y mazahua; en 2025 ha brindado 342 asesorías jurídicas gratuitas a personas indígenas









El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fortalece el acceso a la justicia para los pueblos originarios mediante defensoría pública gratuita y especializada en materia penal, con personal certificado en lengua otomí y mazahua.


A través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), organismo adscrito a la Consejería Jurídica, se brinda acompañamiento legal sin discriminación y en condiciones de igualdad, particularmente en los Distritos Judiciales de San Felipe del Progreso, Valle de Bravo, Ixtlahuaca, El Oro, Almoloya de Juárez y Toluca.


En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, autoridades destacaron que uno de los objetivos centrales es garantizar el cumplimiento del Artículo 20 Constitucional, el cual reconoce el derecho de toda persona a contar con un intérprete o traductor cuando no hable español, asegurando así el debido proceso.


El programa Jornada Defensor Público Itinerante ha otorgado durante 2025 un total de 342 asesorías jurídicas gratuitas a personas pertenecientes a algún pueblo originario, reforzando la presencia institucional en comunidades indígenas.


Javier Flores Moreno, defensor público certificado en lengua otomí, subrayó la importancia de evitar vulneraciones a derechos fundamentales y asegurar una comunicación efectiva que respete la lengua, cosmovisión y costumbres de cada comunidad.


Por su parte, Jesús Velasco Rodríguez, defensor en lengua mazahua, destacó la relevancia de brindar una defensa adecuada ante tribunales. Recordó el caso de una mujer originaria de San Felipe del Progreso que había sido sentenciada a 35 años de prisión por trata de personas; tras retomar el asunto el IDP, se acreditó la violación a sus derechos como persona indígena y posteriormente se demostró su inocencia.


Con estas acciones, el Gobierno estatal reafirma su compromiso con una justicia intercultural, cercana y sin discriminación, que garantice a las personas de pueblos originarios una defensa penal digna y el pleno ejercicio de sus derechos.






 

 





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