La LXII Legislatura del Estado de México aprobó reformas para prohibir expresamente que dependencias y personas servidoras públicas intervengan en la constitución, funcionamiento y procesos internos de los sindicatos del sector público estatal y municipal.
La iniciativa fue presentada por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes y modifica la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, con el objetivo de reconocer la autonomía sindical como principio rector del derecho colectivo del trabajo.
Con esta reforma, cualquier acto de injerencia en la organización, administración, elecciones sindicales, condiciones de elegibilidad, reelección o destitución de directivas será considerado falta administrativa grave y podrá ser sancionado con suspensión, destitución, multa económica e inhabilitación temporal, además de dar vista al Ministerio Público cuando los hechos puedan constituir delito.
El dictamen, leído en sesión por el propio legislador promovente, establece que corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México imponer las sanciones correspondientes. Asimismo, subraya que la finalidad es prevenir el uso político o administrativo de los sindicatos y garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos de las personas servidoras públicas.
Durante la discusión, el diputado Ernesto Santillán Ramírez señaló que esta reforma consolida el respeto absoluto a la autonomía sindical en la entidad y deja claro que toda injerencia oficial será sancionable. Añadió que no puede existir democracia auténtica sin sindicatos libres ni estabilidad laboral sin una relación basada en el respeto entre autoridades y organizaciones gremiales.
Entre las conductas que se consideran intromisión destacan: condicionar servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos al sentido del voto sindical; ofrecer beneficios laborales, ascensos o estímulos a cambio de respaldo a una planilla; y negar derechos o programas como represalia por decisiones gremiales.
La reforma armoniza la legislación estatal con los cambios federales publicados en diciembre de 2025 en materia de responsabilidades administrativas y derechos laborales, fortaleciendo el marco jurídico que protege la libertad y autonomía sindical en el Estado de México.
