El diputado Gerardo Pliego Santana (morena) presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de México para crear la Agencia Estatal Anticorrupción, en sustitución de la actual Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM).
El legislador, quien preside la Comisión de Combate a la Corrupción de la LXII Legislatura mexiquense, señaló que el objetivo es contar con una instancia con mayor eficacia operativa, capaz de garantizar que las decisiones del Comité Coordinador se traduzcan en acciones verificables, coordinadas y medibles, sin depender de la voluntad de cada ente público.
De acuerdo con la propuesta, la Agencia sería un organismo con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de asegurar el funcionamiento eficaz del SAEMM.
Entre sus atribuciones estaría fungir como instancia técnica autónoma para articular y fortalecer la coordinación entre los integrantes del Sistema, generar insumos especializados y dar seguimiento a la implementación de los acuerdos y recomendaciones públicas no vinculantes emitidas por el Comité Coordinador, informando sobre su cumplimiento.
Asimismo, como Órgano Técnico Constitucional Autónomo, tendría la responsabilidad de diseñar y emitir lineamientos técnicos, metodologías e instrumentos especializados en materia de anticorrupción y gestión de riesgos; además de administrar la Plataforma Digital Estatal y desarrollar estrategias de análisis de datos e inteligencia anticorrupción.
La iniciativa plantea que la persona titular de la Agencia sea designada por la Legislatura estatal para un periodo de ocho años, mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, previa consulta pública con la sociedad civil y organismos relacionados con la transparencia.
El diputado argumentó que, a casi una década de la creación del SAEMM, los avances han sido limitados debido a un diseño institucional que generó relaciones de dependencia y procesos no vinculantes. Añadió que, aunque el Sistema fue concebido como un espacio de coordinación interinstitucional, carece de un ente con atribuciones sólidas que garanticen su eficacia.
Finalmente, subrayó que el Plan de Desarrollo del Estado de México y Municipios 2023–2029 reconoce esta insuficiencia, y que el propio Comité Coordinador del Sistema, en su informe de labores 2024–2025, emitió una recomendación no vinculante al Poder Legislativo para impulsar una reforma estructural que fortalezca los mecanismos reales de operación, seguimiento y cumplimiento en materia anticorrupción.
