Engañan o se engañan las personas a las que les gusta decir que la seguridad en el país mejoró durante el primer año de gobierno.
Los indicadores son claros: aumentaron el número total de delitos, su costo, su impacto en la economía, el número de víctimas, la percepción de inseguridad, la violencia, los robos, los homicidios, las desapariciones, la corrupción y las extorsiones. La realidad es aplastante.
De acuerdo con el INEGI. Se cometieron 33.5 millones de delitos, frente a 31.3 el año anterior, un aumento del 7%. Las víctimas ascendieron a 23.1 millones, 1.2 millones más. La prevalencia delictiva creció de 23 mil a más de 24 mil víctimas por cada 100,000 habitantes.
El porcentaje de hogares con al menos una víctima subió de 27.5% a 29%, mientras que la cifra negra —delitos no denunciados— alcanzó su nivel más alto en cinco años. El robo o asalto en transporte público pasó de 5,510 a 6,003 casos por cada 100,000 habitantes (+8.9%); el robo a transeúnte, de 3,421 a 3,750 (+9.6%); y la extorsión, de 5,431 a 5,971 (+9.9%).
Sólo siete de cada cien delitos llegan al Ministerio Público y se resuelve menos del 1 por ciento. La percepción de inseguridad aumentó 1.3 por ciento: el 75.6% de la población vivimos con miedo.
La supuesta reducción de homicidios dolosos es mentira. El análisis de la información revela que múltiples asesinatos quedan sepultados en las cifras de personas desaparecidas y de víctimas de otros delitos contra la vida, pero que no aparezca el cuerpo, no significa que no haya delito. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas precisa que las desapariciones crecieron 46%. La violencia no reduce, solo se transforma.
A esos delitos habría que sumar los de corrupción, que ya parecen innumerables. De acuerdo con el INEGI, la corrupción es el segundo delito más frecuente: 11,800 víctimas por cada 100,000 habitantes.
Incontrovertible y lamentablemente, el nuestro es hoy un país más inseguro y violento que hace un año. Negando la realidad el gobierno no la va a mejorar.
