El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— acusadas de facilitar el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo por parte de cárteles mexicanos. Estas medidas, implementadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), marcan el primer uso de las facultades otorgadas por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, diseñadas para combatir el lavado de dinero relacionado con opioides sintéticos. Las sanciones prohíben a instituciones financieras estadounidenses realizar ciertas transacciones con estas entidades, lo que las desconecta efectivamente del sistema financiero de EE.UU., un golpe significativo dado su nivel de integración económica con México.
Según el Tesoro, CIBanco, con activos superiores a los 7 mil millones de dólares, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que suministraban precursores químicos para fentanilo entre 2021 y 2024, y un empleado suyo facilitó la creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo. Intercam, con activos de más de 4 mil millones, fue señalado por mantener reuniones con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para discutir esquemas de lavado, procesando 1.5 millones de dólares en transferencias relacionadas con precursores químicos. Vector, una casa de bolsa que administra cerca de 11 mil millones, fue acusada de lavar 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y facilitar más de 1 millón en pagos para precursores químicos entre 2018 y 2023.
Las sanciones forman parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para intensificar la lucha contra el tráfico de fentanilo, que ha causado más de 80,000 muertes por sobredosis en EE.UU. en 2024, aunque las muertes por opioides sintéticos disminuyeron un 33% respecto al año anterior, según datos del CDC. Además, el Tesoro destacó que estas instituciones tienen vínculos con cárteles como el de Sinaloa, el CJNG y el del Golfo, que dependen de cadenas de suministro de precursores químicos provenientes principalmente de China e India. La acción también busca enviar un mensaje a México sobre la seriedad de EE.UU. en este tema, en un contexto de tensiones bilaterales agravadas por la imposición de aranceles del 25% a importaciones mexicanas.
Las instituciones sancionadas han rechazado categóricamente las acusaciones. CIBanco afirmó que no tiene vínculos con actividades ilícitas y que cumple con todas las regulaciones aplicables. Intercam negó cualquier conexión con prácticas ilegales, especialmente el lavado de dinero, y Vector calificó las acusaciones como falsas, asegurando que las transacciones señaladas fueron operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Las tres instituciones expresaron su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses para aclarar las acusaciones, argumentando que revisiones previas de las autoridades mexicanas solo han resultado en observaciones administrativas, no en pruebas de lavado de dinero.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), también cuestionó las sanciones, afirmando que no ha recibido evidencia concluyente de EE.UU. que justifique las acusaciones. La SHCP señaló que las únicas pruebas proporcionadas se refieren a transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, lo que no demuestra actividad ilícita. México exigió transparencia y mayor intercambio de información, advirtiendo que las sanciones podrían dañar la confianza entre las economías de ambos países, altamente interconectadas
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