Frente a la tragedia, las y los mexicanos no nos quedamos nunca con los brazos cruzados; ante la adversidad, siempre sobresaldrá la solidaridad y, quienes nos interesamos por el bien de la nación, haremos siempre lo posible para ayudar a quienes lo requieren. Mi solidaridad, siempre, con nuestras hermanas y hermanos guerrerenses.
Por más que contemos con herramientas cada vez más sofisticadas para procurar adelantarnos a las contingencias ambientales, es cierto que, como nos lo ha demostrado la historia, la naturaleza es imprevisible. Sin embargo, ser previsivos con respecto a sus eventualidades es una responsabilidad y una obligación, más cuando compete a quienes toman decisiones sobre lo que nos incumbe a todas y todos. Es por tal razón que, desde 1996, se creó el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual, a pesar de los cambios que tuvo durante los años, conservó su esencia: ser una herramienta financiera para garantizar los esfuerzos necesarios para enfrentar los estragos de un desastre, así como contribuir a la reconstrucción tras su impacto.
Hace tres años, las y los legisladores del régimen aprobaron la extinción de 109 fideicomisos, entre los cuales se encontraba el FONDEN. Si bien es verdad que, a la fecha, existe un programa que conserva ese nombre, “los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones”, como lo subrayó, hace apenas unos días, una investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
La diferencia es importante: en tanto que fideicomiso, el FONDEN no sólo contaba con un presupuesto propio, sino que, si no se utilizaban sus recursos, éstos se acumulaban año con año, de tal forma que se creaba un ahorro. Por otro lado, como programa, el “FONDEN” está sujeto a las asignaciones que se le otorguen con cada presupuesto anual, mismas que pueden ser menores a las del año anterior y, además, los recursos que no se utilizan no se conservan, perdiéndose la posibilidad de generar un ahorro para enfrentar las calamidades, como sucede ahora mismo.
El huracán azotó a Acapulco con vientos de más de 260 kilómetros por hora, dejando estragos multimillonarios, miles de damnificados y, desafortunadamente, 39 personas que perdieron la vida, como se sabe hasta el momento.
Como siempre, la sociedad mexicana se organizó, a lo largo y ancho del país, para apoyar a nuestras y nuestros compatriotas. Aun así, a pesar de todas las movilizaciones y de toda la organización, tanto por parte de las fuerzas armadas, mediante el plan DN-III, como de la sociedad civil organizada, hay un elemento que destaca: la ausencia de las autoridades de primer nivel; la de la gobernadora de Guerrero y, sobre todo, la del presidente de la República.
De la gobernadora, sobresalió la falta de un comunicado oficial a raíz del impacto que tuvo el huracán, así como su ausencia, en general, mientras ocurrían los estragos. Y del presidente de la República, quien realizó un absurdo e innecesario viaje, vía terrestre, que le tomó nueve horas para llegar a Acapulco desde la capital mexicana, destacó que realizara un recorrido exprés en el lugar de las afectaciones para regresar, ese mismo día, a la Ciudad de México, esa vez sí abordando un helicóptero. No ha vuelto a poner los pies sobre Guerrero desde entonces.
Se trata de una ausencia que despunta, sobre todo, porque una catástrofe como la que atraviesa el pueblo guerrerense exige la presencia de las autoridades para tomar decisiones, así como para dirigir las acciones que han de resolver los muchos problemas que acongojan a la población.
Las y los servidores públicos deben estar con la gente y servirle. Estar, que significa acompañarla durante los momentos de obscuridad; y servirle, que implica ponerse a su disposición para resolver todo aquello que le aqueje. Ésta es la vocación que hemos de tener quienes decidimos dedicar nuestras vidas al servicio público; se trata de reivindicar que, como reza una conocida máxima, “quien no vive para servir, no sirve para vivir.”
