El próximo 1 de febrero comenzará un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, que sin duda arrancará discutiendo y aprobando las reformas a las leyes secundarias con impacto electoral, es decir, el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador en primera instancia.
Si bien, aún no se dan a conocer los temas de la agenda legislativa que definirá cada grupo parlamentario, empiezan a ventilarse algunos temas de interés que estarán en la discusión de las distintas comisiones, como es el caso de las reformas necesarias para aprobar el uso lúdico de la mariguana, la elaboración y aprobación de la ley de explotación del Litio o la incorporación de la violencia vicaria como un delito grave, todas ellas sin duda, serán materia de análisis y discusión y en no pocos casos, son temas indispensables en la agenda nacional.
Dentro de estos posibles tópicos a debatir, se encuentra una propuesta para reformar la ley del trabajo al poner en el centro de la discusión la reducción de la jornada laboral de los mexicanos, al ser ésta de más de 2,137 horas reales trabajadas al año y ubicar a México como el país con la jornada laboral más amplia de los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), descontando los días festivos o inhábiles, las vacaciones establecidas en la ley federal del trabajo, incapacidades, bajas temporales, etc.
Lo anterior, toda vez que existe una trampa en el análisis del impacto laboral de dichas horas de trabajo ya que no sólo no crece la productividad de los mexicanos entre más crece la jornada laboral, sino que incluso disminuye (de hecho México tiene el índice de productividad más bajo de todos los países miembros de la OCDE) al ser este medido, por ejemplo con relación al PIB por hora trabajada, y aunque claramente la productividad no depende únicamente del desempeño laboral, sino de la presencia y el desempeño de los demás factores de la producción (tierra, capital, tecnología, conocimiento, etc.), se vuelve aún más relevante hablar de las condiciones laborales en la actualidad y su relación con la productividad, no sólo para definir cuál sería la jornada más justa en términos concretos, sino incluso, cuál debería ser la métrica para calcular su retribución y con ello abandonar la arcaica idea de que debe de partir de un proceso de negociación política entre los sindicatos y los organismos empresariales y gremiales.
La discusión por supuesto, no estará exenta de polémica, fundamentalmente porque se volverá a poner el dedo en la llaga de las ganancias y la plusvalía del empresario por encima del bienestar de los trabajadores, sin embargo, será necesario abrir el debate y la discusión para resolver, sin que ello contribuya a un deterioro del proceso productivo del país, la gran pregunta sobre cuanto debe trabajar una persona por día.
No sólo es una cuestión de carácter monetario o un asunto de justicia laboral, tiene que ver con la oportunidad de fortalecer competencias de los trabajadores, de mejorar las dinámicas familiares y por ende la articulación y el tejido social que tan deteriorado se encuentra en estos días, se trata también de mejorar el ánimo social, de dar espacio para el ejercicio y el esparcimiento de las familias y con ello, disminuir el impacto en el sistema de salud de las próximas generaciones.
Una discusión que sin pasiones, filias o fobias, coloque en el centro de la conversación a los trabajadores, con la correspondiente tarea del gobierno de generar los mecanismos necesarios para que el resto de los factores productivos contribuya de igual manera al trabajo, un trabajo de calidad, más que cantidad, que mejore los índices de productividad sin que estos sólo provengan de un mero calculo matemático que poco refleje la realidad.
Junto con la posible reducción de la jornada laboral, deberá atenderse el tema del home office, una regulación aún pendiente y que a partir de los resultados de la pandemia, le ha permitido a muchas empresas mejorar sus ingresos, disminuir sus costos y reducir la rotación de personal, pero que lamentablemente no ha estado exento de duras criticas por el exceso de carga laboral que provoca niveles preocupantes de estrés que pueden generar problemas de salud en el mediano y largo plazo, difíciles de sostener.
Ambos asuntos deberán ser concienzudamente analizados para evitar un crecimiento en el índice de precios al productor que se ha mantenido con una tendencia creciente desde la reapertura económica tras la pandemia y complementar el quehacer empresarial con una política fiscal de impuestos, incentivos, apoyos, desregulación, etc. lo más expansiva posible a fin de invitar a la inversión y sostener los necesarios cambios que requiere la sociedad del siglo XXI.
Así que sin duda la agenda legislativa tocará temas en los que como sociedad deberemos participar de forma activa para encontrar de forma conjunta la mejor solución posible, quiénes mejores que los ciudadanos para guiar el trabajo de nuestros representantes para que mantengan su papel de portavoces de la sociedad, no de sus propias voces o la de sus partidos, ¿no cree usted?
Si bien, aún no se dan a conocer los temas de la agenda legislativa que definirá cada grupo parlamentario, empiezan a ventilarse algunos temas de interés que estarán en la discusión de las distintas comisiones, como es el caso de las reformas necesarias para aprobar el uso lúdico de la mariguana, la elaboración y aprobación de la ley de explotación del Litio o la incorporación de la violencia vicaria como un delito grave, todas ellas sin duda, serán materia de análisis y discusión y en no pocos casos, son temas indispensables en la agenda nacional.
Dentro de estos posibles tópicos a debatir, se encuentra una propuesta para reformar la ley del trabajo al poner en el centro de la discusión la reducción de la jornada laboral de los mexicanos, al ser ésta de más de 2,137 horas reales trabajadas al año y ubicar a México como el país con la jornada laboral más amplia de los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), descontando los días festivos o inhábiles, las vacaciones establecidas en la ley federal del trabajo, incapacidades, bajas temporales, etc.
Lo anterior, toda vez que existe una trampa en el análisis del impacto laboral de dichas horas de trabajo ya que no sólo no crece la productividad de los mexicanos entre más crece la jornada laboral, sino que incluso disminuye (de hecho México tiene el índice de productividad más bajo de todos los países miembros de la OCDE) al ser este medido, por ejemplo con relación al PIB por hora trabajada, y aunque claramente la productividad no depende únicamente del desempeño laboral, sino de la presencia y el desempeño de los demás factores de la producción (tierra, capital, tecnología, conocimiento, etc.), se vuelve aún más relevante hablar de las condiciones laborales en la actualidad y su relación con la productividad, no sólo para definir cuál sería la jornada más justa en términos concretos, sino incluso, cuál debería ser la métrica para calcular su retribución y con ello abandonar la arcaica idea de que debe de partir de un proceso de negociación política entre los sindicatos y los organismos empresariales y gremiales.
La discusión por supuesto, no estará exenta de polémica, fundamentalmente porque se volverá a poner el dedo en la llaga de las ganancias y la plusvalía del empresario por encima del bienestar de los trabajadores, sin embargo, será necesario abrir el debate y la discusión para resolver, sin que ello contribuya a un deterioro del proceso productivo del país, la gran pregunta sobre cuanto debe trabajar una persona por día.
No sólo es una cuestión de carácter monetario o un asunto de justicia laboral, tiene que ver con la oportunidad de fortalecer competencias de los trabajadores, de mejorar las dinámicas familiares y por ende la articulación y el tejido social que tan deteriorado se encuentra en estos días, se trata también de mejorar el ánimo social, de dar espacio para el ejercicio y el esparcimiento de las familias y con ello, disminuir el impacto en el sistema de salud de las próximas generaciones.
Una discusión que sin pasiones, filias o fobias, coloque en el centro de la conversación a los trabajadores, con la correspondiente tarea del gobierno de generar los mecanismos necesarios para que el resto de los factores productivos contribuya de igual manera al trabajo, un trabajo de calidad, más que cantidad, que mejore los índices de productividad sin que estos sólo provengan de un mero calculo matemático que poco refleje la realidad.
Junto con la posible reducción de la jornada laboral, deberá atenderse el tema del home office, una regulación aún pendiente y que a partir de los resultados de la pandemia, le ha permitido a muchas empresas mejorar sus ingresos, disminuir sus costos y reducir la rotación de personal, pero que lamentablemente no ha estado exento de duras criticas por el exceso de carga laboral que provoca niveles preocupantes de estrés que pueden generar problemas de salud en el mediano y largo plazo, difíciles de sostener.
Ambos asuntos deberán ser concienzudamente analizados para evitar un crecimiento en el índice de precios al productor que se ha mantenido con una tendencia creciente desde la reapertura económica tras la pandemia y complementar el quehacer empresarial con una política fiscal de impuestos, incentivos, apoyos, desregulación, etc. lo más expansiva posible a fin de invitar a la inversión y sostener los necesarios cambios que requiere la sociedad del siglo XXI.
Así que sin duda la agenda legislativa tocará temas en los que como sociedad deberemos participar de forma activa para encontrar de forma conjunta la mejor solución posible, quiénes mejores que los ciudadanos para guiar el trabajo de nuestros representantes para que mantengan su papel de portavoces de la sociedad, no de sus propias voces o la de sus partidos, ¿no cree usted?
