- Se señala que la actividad afecta tanto a quienes tramitan documentos vehiculares en módulos de “gestión” como a la hacienda estatal
Los “coyotes”, también conocidos como gestores de trámites vehiculares, podrían recibir hasta un año de prisión por realizar dicha actividad en el Estado de México, según la propuesta que la bancada del PRI presentó este jueves en el Congreso local para tipificarla como delito.
Al presentar la iniciativa, el diputado Isidro Moreno, destacó que en la entidad es común observar módulos en los que se ofrece el trámite, generalmente en el estado de Guerrero, de licencias, permisos para conducir o placas vehiculares a costos bajos, los cuales en la mayoría de los casos son apócrifos y dañan a quienes los adquieren.
Señaló también que en la entidad hay alrededor de 8.5 millones de vehículos matriculados, pero en los últimos 5 años sólo se han tramitado 2.7 millones de licencias, lo cual da cuenta de que hay recursos que no entran a la hacienda estatal, entre otras cosas, por causa del “coyotaje”.
Con esos argumentos, el planteamiento es considerar como delito el expedir, enajenar, acopiar, transportar, ofertar, tramitar, gestionar, entregar, cambiar, producir o fabricar placas de circulación, calcomanías, permisos provisionales de circulación, tarjetas de circulación, o cualquier otro elemento de identificación vehicular, fuera de las instalaciones de la autoridad estatal.
La sanción propuesta por esta actividad, iría de 6 meses a un año de prisión
Al presentar la iniciativa, el diputado Isidro Moreno, destacó que en la entidad es común observar módulos en los que se ofrece el trámite, generalmente en el estado de Guerrero, de licencias, permisos para conducir o placas vehiculares a costos bajos, los cuales en la mayoría de los casos son apócrifos y dañan a quienes los adquieren.
Señaló también que en la entidad hay alrededor de 8.5 millones de vehículos matriculados, pero en los últimos 5 años sólo se han tramitado 2.7 millones de licencias, lo cual da cuenta de que hay recursos que no entran a la hacienda estatal, entre otras cosas, por causa del “coyotaje”.
Con esos argumentos, el planteamiento es considerar como delito el expedir, enajenar, acopiar, transportar, ofertar, tramitar, gestionar, entregar, cambiar, producir o fabricar placas de circulación, calcomanías, permisos provisionales de circulación, tarjetas de circulación, o cualquier otro elemento de identificación vehicular, fuera de las instalaciones de la autoridad estatal.
La sanción propuesta por esta actividad, iría de 6 meses a un año de prisión
