Los servicios aéreos en nuestro país viven un momento crítico, pero no llegaron a él de forma espontánea, sino a partir de una serie de decisiones que, desde principios del 2000, han complejizado su resolución definitiva.
Desde principios del 2000 sabíamos que la capacidad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya había sido rebasada, es por ello que empezaron a discutirse una serie de alternativas para su solución, que pasaron desde ampliar la capacidad del aeropuerto existente con la construcción de la terminal 2, que rápidamente se congestiono y no resolvió el problema de la saturación, la culminación de la construcción del aeropuerto de Toluca, cuya vinculación con el AICM fue prácticamente imposible dada la distancia y el complicado tránsito vehicular para trasladar pasajeros a la Ciudad de México que lo volvieron inviable, el arranque de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que prometía ser la mejor alternativa posible al prácticamente triplicar la capacidad operativa del actual aeropuerto, que ya sabemos en que termino, hasta la ampliación de las instalaciones aeroportuarias de Santa Lucía hoy reconvertido en un aeropuerto civil que aún no contribuye al alivio de la necesidades y la saturación del Aeropuerto Benito Juárez.
Ya no se trata sólo de números, de proyecciones sobre la forma en la que colapsara definitivamente el Aeropuerto más importante del país, sino de vidas humanas, de todos aquellos usuarios de los servicios aéreos ya sea por negocios, por salud o por placer que requieren servicios eficientes, una infraestructura adecuada y una gran conectividad y qué hasta hace unos días, creían que la seguridad de los servicios se daba por descontada en la discusión.
Hoy sabemos que lamentablemente no es así, que la improvisación en la toma de decisiones, la falta de capacidades técnicas del personal a cargo de la administración de las operaciones, una inadecuada planeación de las salidas y los ingresos al aeropuerto y una deficiente implementación de acciones de seguimiento y control, están complicando y amenazan la operación de una de las infraestructuras más importantes en términos económicos y sociales en cualquier país, como son los aeropuertos.
El retraso en la hora de salida o llegada, las aglomeraciones constantes, los vuelos sobrevendidos, la falta de pistas para aterrizar y ahora el riesgo latente de sufrir un accidente aéreo han obligado finalmente a que autoridades y representantes de aerolíneas en nuestro país se reúnan en busca de acuerdos.
Difícil pensar que la reunión se da cuando los mismos actores, a pesar de las reiteradas solicitudes de las aerolíneas al gobierno federal, no hicieron lo propio para discutir, analizar y por ende tomar la decisión de forma conjunta sobre que hacer con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, una infraestructura que bajo sospecha de corrupción (por que hasta el momento no sabemos de alguien que se encuentre, por lo menos, siendo investigado por actos deshonestos vinculados al desarrollo del proyecto) fue arbitrariamente cancelada y sustituida, por la ampliación de una base militar que, hasta el momento, no deja clara la posible viabilidad técnica de mantener operaciones conjuntamente con el aeropuerto actual.
Lo que sí es un hecho, es que la decisión de mandar de inmediato (bueno en 3 meses) 100 operaciones de traslado de carga del Aeropuerto de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles a finales del 2022, seguirá teniendo un impacto casi imperceptible en su operación, que al día de hoy mantiene, de acuerdo con el informe presentado por la propia administración del AICM, más de 1,000 operaciones diarias y un incremento en la demanda de servicios de más del 86% tan sólo en el mes de febrero, con respecto al mismo periodo del año pasado.
Como siempre, la necia realidad se impone a la lógica político electoral, la utilización de la infraestructura económica y productiva del país como una bandera electoral tiene un costo mucho más elevado que la ganancia que produce para la sociedad en su conjunto. Puede ser tremendamente lucrativa en términos de votos, mantener una narrativa de solución de problemas sociales con “menos recursos”, pero esta lógica implementada desde el inicio del sexenio (y cuyo éxito frente al gobierno de Enrique Peña Nieto, caracterizado por la frivolidad y el dispendio excesivo de recursos) revela ya las cuarteaduras de su propia inconsistencia.
Al final la historia se encargará de juzgar las decisiones que se han tomado y que se han dejado de tomar, a la luz de los impactos negativos en la calidad de vida de los mexicanos y no sólo de aquellos usuarios de los servicios, sino de todos los mexicanos, los que gracias a una buena o mala decisión tienen un empleo formal hoy, lo tendrán mañana o simplemente se quedarán sin él.
Cynthia Valeriano López
Profesora de Economía del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
@CYNTHIAVLOPEZ1
Desde principios del 2000 sabíamos que la capacidad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya había sido rebasada, es por ello que empezaron a discutirse una serie de alternativas para su solución, que pasaron desde ampliar la capacidad del aeropuerto existente con la construcción de la terminal 2, que rápidamente se congestiono y no resolvió el problema de la saturación, la culminación de la construcción del aeropuerto de Toluca, cuya vinculación con el AICM fue prácticamente imposible dada la distancia y el complicado tránsito vehicular para trasladar pasajeros a la Ciudad de México que lo volvieron inviable, el arranque de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que prometía ser la mejor alternativa posible al prácticamente triplicar la capacidad operativa del actual aeropuerto, que ya sabemos en que termino, hasta la ampliación de las instalaciones aeroportuarias de Santa Lucía hoy reconvertido en un aeropuerto civil que aún no contribuye al alivio de la necesidades y la saturación del Aeropuerto Benito Juárez.
Ya no se trata sólo de números, de proyecciones sobre la forma en la que colapsara definitivamente el Aeropuerto más importante del país, sino de vidas humanas, de todos aquellos usuarios de los servicios aéreos ya sea por negocios, por salud o por placer que requieren servicios eficientes, una infraestructura adecuada y una gran conectividad y qué hasta hace unos días, creían que la seguridad de los servicios se daba por descontada en la discusión.
Hoy sabemos que lamentablemente no es así, que la improvisación en la toma de decisiones, la falta de capacidades técnicas del personal a cargo de la administración de las operaciones, una inadecuada planeación de las salidas y los ingresos al aeropuerto y una deficiente implementación de acciones de seguimiento y control, están complicando y amenazan la operación de una de las infraestructuras más importantes en términos económicos y sociales en cualquier país, como son los aeropuertos.
El retraso en la hora de salida o llegada, las aglomeraciones constantes, los vuelos sobrevendidos, la falta de pistas para aterrizar y ahora el riesgo latente de sufrir un accidente aéreo han obligado finalmente a que autoridades y representantes de aerolíneas en nuestro país se reúnan en busca de acuerdos.
Difícil pensar que la reunión se da cuando los mismos actores, a pesar de las reiteradas solicitudes de las aerolíneas al gobierno federal, no hicieron lo propio para discutir, analizar y por ende tomar la decisión de forma conjunta sobre que hacer con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, una infraestructura que bajo sospecha de corrupción (por que hasta el momento no sabemos de alguien que se encuentre, por lo menos, siendo investigado por actos deshonestos vinculados al desarrollo del proyecto) fue arbitrariamente cancelada y sustituida, por la ampliación de una base militar que, hasta el momento, no deja clara la posible viabilidad técnica de mantener operaciones conjuntamente con el aeropuerto actual.
Lo que sí es un hecho, es que la decisión de mandar de inmediato (bueno en 3 meses) 100 operaciones de traslado de carga del Aeropuerto de la Ciudad de México al Aeropuerto Felipe Ángeles a finales del 2022, seguirá teniendo un impacto casi imperceptible en su operación, que al día de hoy mantiene, de acuerdo con el informe presentado por la propia administración del AICM, más de 1,000 operaciones diarias y un incremento en la demanda de servicios de más del 86% tan sólo en el mes de febrero, con respecto al mismo periodo del año pasado.
Como siempre, la necia realidad se impone a la lógica político electoral, la utilización de la infraestructura económica y productiva del país como una bandera electoral tiene un costo mucho más elevado que la ganancia que produce para la sociedad en su conjunto. Puede ser tremendamente lucrativa en términos de votos, mantener una narrativa de solución de problemas sociales con “menos recursos”, pero esta lógica implementada desde el inicio del sexenio (y cuyo éxito frente al gobierno de Enrique Peña Nieto, caracterizado por la frivolidad y el dispendio excesivo de recursos) revela ya las cuarteaduras de su propia inconsistencia.
Al final la historia se encargará de juzgar las decisiones que se han tomado y que se han dejado de tomar, a la luz de los impactos negativos en la calidad de vida de los mexicanos y no sólo de aquellos usuarios de los servicios, sino de todos los mexicanos, los que gracias a una buena o mala decisión tienen un empleo formal hoy, lo tendrán mañana o simplemente se quedarán sin él.
Cynthia Valeriano López
Profesora de Economía del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
@CYNTHIAVLOPEZ1
