Integrantes de Comisiones Unidas Legislativas de Procuración y Administración de Justicia, y para la Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición avalan dictamen y proyecto de decreto
En comisiones unidas Legislativas de Procuración y Administración de Justicia, y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, luego de analizar y estudiar la iniciativa de reforma a las leyes para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, así como al Código Penal del Estado de México, presentada por Movimiento Ciudadano fue aprobado el dictamen y proyecto de decreto por unanimidad.
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputado Gerardo Ulloa Pérez encabezó la sesión de trabajo de comisiones unidas, quien destacó que se constituyó en reunión permanente para integrar las propuestas de los diversos grupos parlamentarios, donde se presentó la integración del decreto y fue aprobado.
La proponente Juana Bonilla explicó que la iniciativa ya pasa a ser también parte de quienes que la aprueban, por las propuestas de los distintos grupos parlamentarios y de la Legislatura.
Durante el análisis de la iniciativa, se especificó que le apuesta a contribuir a la erradicación de la mendicidad forzada en el Estado de México, para ello el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso sanciones de seis a doce años de prisión en contra de quien cometa el delito de trata de personas, en la modalidad de mendicidad ajena, cuando se ejerza en contra de una persona perteneciente a un grupo étnico o indígena.
La diputada Karina Labastida, quien preside la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y accionó como secretaria presentó la introducción, antecedentes y resolutivos del dictamen actualizado y el proyecto de decreto.
Detalló que dicha iniciativa, adecuará diversas disposiciones de la ley para coadyuvar con la mendicidad forzada en la entidad, como el significado de la mendicidad ajena, y que las modificaciones que le corresponden al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad implemente campañas de prevención de conductas relacionadas con la trata de personas, como la explotación infantil, mendicidad entre otras. Incrementa la penalidad, si el delito se comete contra una persona indígena, o en condición de vulnerabilidad social.
El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputado Gerardo Ulloa Pérez encabezó la sesión de trabajo de comisiones unidas, quien destacó que se constituyó en reunión permanente para integrar las propuestas de los diversos grupos parlamentarios, donde se presentó la integración del decreto y fue aprobado.
La proponente Juana Bonilla explicó que la iniciativa ya pasa a ser también parte de quienes que la aprueban, por las propuestas de los distintos grupos parlamentarios y de la Legislatura.
Durante el análisis de la iniciativa, se especificó que le apuesta a contribuir a la erradicación de la mendicidad forzada en el Estado de México, para ello el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso sanciones de seis a doce años de prisión en contra de quien cometa el delito de trata de personas, en la modalidad de mendicidad ajena, cuando se ejerza en contra de una persona perteneciente a un grupo étnico o indígena.
La diputada Karina Labastida, quien preside la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y accionó como secretaria presentó la introducción, antecedentes y resolutivos del dictamen actualizado y el proyecto de decreto.
Detalló que dicha iniciativa, adecuará diversas disposiciones de la ley para coadyuvar con la mendicidad forzada en la entidad, como el significado de la mendicidad ajena, y que las modificaciones que le corresponden al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad implemente campañas de prevención de conductas relacionadas con la trata de personas, como la explotación infantil, mendicidad entre otras. Incrementa la penalidad, si el delito se comete contra una persona indígena, o en condición de vulnerabilidad social.
