La pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se mide por la evolución de las carencias asociadas a derechos sociales como acceso a alimentación nutritiva y de calidad, acceso a servicios de salud
La pobreza sigue creciendo y deja secuelas económicas que se ven reflejadas en escases de medicamentos e incremento en el valor de los productos que integran la canasta básica. La pandemia parece no tener fin.
La pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se mide por la evolución de las carencias asociadas a derechos sociales como acceso a alimentación nutritiva y de calidad, acceso a servicios de salud, educación, etc.
El dato que demuestra la terrible realidad que siguen viviendo los mexicanos se evidencia en el incremento de los precios de los productos que integran la canasta básica y que se ve provocada por un incremento en los índices de inflación que demuestra el deterioro en la reactivación económica en México, por lo que la escalada de precios podría cerrar el 2021 con repunte del 8 por ciento.
El cambio social que anuncia la 4T y que está encabezada por el Presidente López Obrador es válida en sus propósitos. Desafortunadamente, no será realidad por los medios que se utilizan por la presente administración ya que no se le da importancia al estado de derecho que le da orden a cualquier cambio social que requiere un país.
Por ejemplo, en los últimos días el Presidente ha privilegiado el tema político sobre lo legal.
Un ejemplo de esto es la publicación de un decreto de interés público que blinda los proyectos de obra pública cuya realización estén a cargo del Ejecutivo y que los encuadra dentro del tema de seguridad nacional. Este decreto carece de fundamento legal, no transparenta procesos y busca evitar amparos, lo que atenta contra varios derechos humanos. A este supuesto se
debe de sumar una reforma eléctrica que va en contra de los acuerdos internacionales que se encuentran regulados por el T-MEC y nuestra Constitución; siempre lo político sobre lo legal.
Ninguna legislatura estatal, o funcionario ejecutivo puede atentar contra la Constitución.
Para cualquier transformación nacional es necesario de un sistema legal y un poder judicial sólido para ir rompiendo estándares de desigualdad que de otro modo permanecerían
intocados. Los derechos fundamentales, que todos tenemos, se han impuesto siempre como luchas en favor de la ley del más débil y también sirven para demostrar que el derecho puede ser utilizado para acelerar cualquier cambio social y que, a través de los mecanismos jurídicos, si bien de forma lenta y no siempre pacífica, se puede cambiar un poco a las sociedades de nuestro tiempo.
Los derechos fundamentales no pueden dejarse en manos de las mayorías ni pueden estar sujetos a la lógica del voto popular. En la medida en que se regulen jurídicamente los valores que hay en la sociedad se puede decir que el derecho es ya factor de cambio social.
Darle peso, respeto y valor al estado de derecho de una nación representaría una transformación para realmente celebrar.
Dr. Arturo Argente Villarreal.
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.
Tec de Monterrey.
Campus Toluca.
La pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se mide por la evolución de las carencias asociadas a derechos sociales como acceso a alimentación nutritiva y de calidad, acceso a servicios de salud, educación, etc.
El dato que demuestra la terrible realidad que siguen viviendo los mexicanos se evidencia en el incremento de los precios de los productos que integran la canasta básica y que se ve provocada por un incremento en los índices de inflación que demuestra el deterioro en la reactivación económica en México, por lo que la escalada de precios podría cerrar el 2021 con repunte del 8 por ciento.
El cambio social que anuncia la 4T y que está encabezada por el Presidente López Obrador es válida en sus propósitos. Desafortunadamente, no será realidad por los medios que se utilizan por la presente administración ya que no se le da importancia al estado de derecho que le da orden a cualquier cambio social que requiere un país.
Por ejemplo, en los últimos días el Presidente ha privilegiado el tema político sobre lo legal.
Un ejemplo de esto es la publicación de un decreto de interés público que blinda los proyectos de obra pública cuya realización estén a cargo del Ejecutivo y que los encuadra dentro del tema de seguridad nacional. Este decreto carece de fundamento legal, no transparenta procesos y busca evitar amparos, lo que atenta contra varios derechos humanos. A este supuesto se
debe de sumar una reforma eléctrica que va en contra de los acuerdos internacionales que se encuentran regulados por el T-MEC y nuestra Constitución; siempre lo político sobre lo legal.
Ninguna legislatura estatal, o funcionario ejecutivo puede atentar contra la Constitución.
Para cualquier transformación nacional es necesario de un sistema legal y un poder judicial sólido para ir rompiendo estándares de desigualdad que de otro modo permanecerían
intocados. Los derechos fundamentales, que todos tenemos, se han impuesto siempre como luchas en favor de la ley del más débil y también sirven para demostrar que el derecho puede ser utilizado para acelerar cualquier cambio social y que, a través de los mecanismos jurídicos, si bien de forma lenta y no siempre pacífica, se puede cambiar un poco a las sociedades de nuestro tiempo.
Los derechos fundamentales no pueden dejarse en manos de las mayorías ni pueden estar sujetos a la lógica del voto popular. En la medida en que se regulen jurídicamente los valores que hay en la sociedad se puede decir que el derecho es ya factor de cambio social.
Darle peso, respeto y valor al estado de derecho de una nación representaría una transformación para realmente celebrar.
Dr. Arturo Argente Villarreal.
Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.
Tec de Monterrey.
Campus Toluca.
