· La confección de una ley exclusiva para reprimir las manifestaciones sociales genera la reinstauración de "nuevo régimen autoritario".
· Ley pone en riesgo a quienes luchan por encontrar respuesta a sus legítimas demandas: Osmar León Aquino, dirigente de "México Suma"
· Decenas de organizaciones sociales, ciudadanas y civiles saldrán a defender los derechos humanos e impedir retrocesos en las libertades construido a lo largo y ancho de este estado.
El camino correcto para sustituir a la denominada "Ley Atenco", es la abrogación de la misma, lo que permitirá iniciar en hoja blanca una nueva ley que se ajuste al respeto de los derechos humanos y de las libertades que existen en el estado de México, por lo que se recurrirá a todas las instancias legales, aunado a amparos colectivos o iniciativas de ley y en última instancia, se presentará una Ley alterna a la aprobada por el Congreso mexiquense.
Así lo señaló Osmar León Aquino, dirigente de la Organización "México Suma", durante la conferencia de prensa que tuvo como sede el Senado de la República y en la que estuvieron presentes los senadores Luis Sánchez Jiménez y Alejandro Encinas, así como Clara Jusidman, de Incide Social.
Adelantó que decenas de organizaciones sociales, ciudadanas y civiles "saldrán a defender nuestros derechos humanos e impedir retrocesos en las libertades que hemos construido todos, a los largo y ancho de este estado".
Sostuvo que la inconformidad ciudadana es cada vez más activa, derivada de la actuación deficiente del gobierno mexiquense
Los ejemplos sobran: la violencia incontenible, la disputa del crimen organizado por el territorio mexiquense, los cientos de feminicidios y el desprecio para atender la violencia de género, la creciente inseguridad, el desempleo, la corrupción a niveles de escándalo (OHL), la violación sistemática a los derechos humanos como el caso Tlatlaya y la exoneración de los autores materiales e intelectuales de este crimen, la falta de oportunidades y la pobreza., entre muchos otros.
Todo ello, Son el marco de situaciones que no pueden ser reprimidas por buscar cauces legales, legítimos y pacíficos que genera la protesta social, agregó Osmar León Aquino.
I. Violación de la Ley Eruviel a derechos constitucionales y a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
 Pone en peligro los derechos humanos a la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso al autorizar a las autoridades de seguridad pública la limitación o intervención en dichos derechos sin control judicial alguno ni garantías de seguridad.
 Faculta a las autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar abusos de la fuerza.
 No establece la ilegalidad de ningún instrumento de uso de la fuerza, legitimando cualquiera de ellos al criterio de las autoridades.
 Elimina la cadena de mando y la responsabilidad de las autoridades de primer nivel del Estado, estableciendo legalmente un régimen de impunidad para el Gobernador.
 Vulnera el régimen de competencias de la Federación y de los municipios, al establecer un mando único estatal que carece de soporte constitucional, y permite la aplicación de medidas de la fuerza extraordinarias.
 Otorga funciones de investigación propias del Ministerio Público a otras autoridades, violando competencias y medidas de seguridad constitucionales, en especial en el derecho a la privacidad.
 Permite causar lesiones a las personas en el uso de la fuerza, estableciendo que los elementos de seguridad deberán proporcionar auxilio médico a los lesionados.
 Pone en entredicho la integridad del monopolio del uso de la fuerza del Estado, al hacer aplicables sus disposiciones a los cuerpos de seguridad privada sin establecer limitación alguna.
 Omite establecer un régimen de sanciones que impida la violación de los principios que deben regir el uso de la fuerza.
 Su deficiente técnica legislativa, ambigüedad en el sentido y oscuridad de redacción generan inseguridad jurídica en una materia de estricto derecho y de alta peligrosidad para los derechos fundamentales.
· Ley pone en riesgo a quienes luchan por encontrar respuesta a sus legítimas demandas: Osmar León Aquino, dirigente de "México Suma"
· Decenas de organizaciones sociales, ciudadanas y civiles saldrán a defender los derechos humanos e impedir retrocesos en las libertades construido a lo largo y ancho de este estado.
El camino correcto para sustituir a la denominada "Ley Atenco", es la abrogación de la misma, lo que permitirá iniciar en hoja blanca una nueva ley que se ajuste al respeto de los derechos humanos y de las libertades que existen en el estado de México, por lo que se recurrirá a todas las instancias legales, aunado a amparos colectivos o iniciativas de ley y en última instancia, se presentará una Ley alterna a la aprobada por el Congreso mexiquense.
Así lo señaló Osmar León Aquino, dirigente de la Organización "México Suma", durante la conferencia de prensa que tuvo como sede el Senado de la República y en la que estuvieron presentes los senadores Luis Sánchez Jiménez y Alejandro Encinas, así como Clara Jusidman, de Incide Social.
Adelantó que decenas de organizaciones sociales, ciudadanas y civiles "saldrán a defender nuestros derechos humanos e impedir retrocesos en las libertades que hemos construido todos, a los largo y ancho de este estado".
Sostuvo que la inconformidad ciudadana es cada vez más activa, derivada de la actuación deficiente del gobierno mexiquense
Los ejemplos sobran: la violencia incontenible, la disputa del crimen organizado por el territorio mexiquense, los cientos de feminicidios y el desprecio para atender la violencia de género, la creciente inseguridad, el desempleo, la corrupción a niveles de escándalo (OHL), la violación sistemática a los derechos humanos como el caso Tlatlaya y la exoneración de los autores materiales e intelectuales de este crimen, la falta de oportunidades y la pobreza., entre muchos otros.
Todo ello, Son el marco de situaciones que no pueden ser reprimidas por buscar cauces legales, legítimos y pacíficos que genera la protesta social, agregó Osmar León Aquino.
I. Violación de la Ley Eruviel a derechos constitucionales y a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
 Pone en peligro los derechos humanos a la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso al autorizar a las autoridades de seguridad pública la limitación o intervención en dichos derechos sin control judicial alguno ni garantías de seguridad.
 Faculta a las autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar abusos de la fuerza.
 No establece la ilegalidad de ningún instrumento de uso de la fuerza, legitimando cualquiera de ellos al criterio de las autoridades.
 Elimina la cadena de mando y la responsabilidad de las autoridades de primer nivel del Estado, estableciendo legalmente un régimen de impunidad para el Gobernador.
 Vulnera el régimen de competencias de la Federación y de los municipios, al establecer un mando único estatal que carece de soporte constitucional, y permite la aplicación de medidas de la fuerza extraordinarias.
 Otorga funciones de investigación propias del Ministerio Público a otras autoridades, violando competencias y medidas de seguridad constitucionales, en especial en el derecho a la privacidad.
 Permite causar lesiones a las personas en el uso de la fuerza, estableciendo que los elementos de seguridad deberán proporcionar auxilio médico a los lesionados.
 Pone en entredicho la integridad del monopolio del uso de la fuerza del Estado, al hacer aplicables sus disposiciones a los cuerpos de seguridad privada sin establecer limitación alguna.
 Omite establecer un régimen de sanciones que impida la violación de los principios que deben regir el uso de la fuerza.
 Su deficiente técnica legislativa, ambigüedad en el sentido y oscuridad de redacción generan inseguridad jurídica en una materia de estricto derecho y de alta peligrosidad para los derechos fundamentales.
