Chimalhuacán sigue siendo el municipio más omiso en el tema de feminicidios
Karina Labastida, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, dio a conocer que en estos días se aprobarán las reglas de operación para que los municipios atiendan la segunda alerta que corresponde a las desapariciones.
Al ser entrevistada respecto a la segunda alerta de género, la diputada de Morena precisó que le corresponde a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la conformación de las reglas de operación, que servirán para la adecuada aplicación de los recursos públicos.
Asimismo, la legisladora consideró que no puede mezclar tema de desapariciones con el de feminicidios, por lo tanto tampoco el dinero que se otorga tras las declaratorias de emergencia.
De igual forma, agregó que aunque las desapariciones impactan con los feminicidios, cada recurso deberá utilizarse de forma específica, en la aplicación de políticas públicas municipales y atención con perspectiva de género, además de capacitación al personal de las dependencias que tengan que ver con este rubro.
Sobre el monto de los recursos avalados en diciembre para desapariciones, la legisladora dijo que se podrán erogar 85 millones de pesos.
Señaló que como se trata de recursos, seguramente el propio Órgano Superior de Fiscalización (Osfem) deberá vigilar su destino y aplicación.
Aunque además de vigilar su aplicación, consideró que seguramente estará haciendo las auditorías necesarias, a fin de que el recurso llegue a dónde debe.
Reconoció que ahora hay más interés de los presidentes municipales para tender tanto feminicidios como tema de desapariciones, aunque insistió en que en los hechos es indispensable que se vean los cambios.
Reconoció que el municipio de Chimalhuacán sigue siendo el más omiso en el tema de feminicidios, aún y cuando este tema atañe a todos.
Municipios en Alerta
La segunda alerta, aplica para Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, a dónde los alcaldes deberán implementar, junto con el gobierno estatal, medidas de seguridad, prevención, justicia y todas las requeridas para garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas su seguridad, integridad y el derecho a una vida libre de violencia.
Al ser entrevistada respecto a la segunda alerta de género, la diputada de Morena precisó que le corresponde a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la conformación de las reglas de operación, que servirán para la adecuada aplicación de los recursos públicos.
Asimismo, la legisladora consideró que no puede mezclar tema de desapariciones con el de feminicidios, por lo tanto tampoco el dinero que se otorga tras las declaratorias de emergencia.
De igual forma, agregó que aunque las desapariciones impactan con los feminicidios, cada recurso deberá utilizarse de forma específica, en la aplicación de políticas públicas municipales y atención con perspectiva de género, además de capacitación al personal de las dependencias que tengan que ver con este rubro.
Sobre el monto de los recursos avalados en diciembre para desapariciones, la legisladora dijo que se podrán erogar 85 millones de pesos.
Señaló que como se trata de recursos, seguramente el propio Órgano Superior de Fiscalización (Osfem) deberá vigilar su destino y aplicación.
Aunque además de vigilar su aplicación, consideró que seguramente estará haciendo las auditorías necesarias, a fin de que el recurso llegue a dónde debe.
Reconoció que ahora hay más interés de los presidentes municipales para tender tanto feminicidios como tema de desapariciones, aunque insistió en que en los hechos es indispensable que se vean los cambios.
Reconoció que el municipio de Chimalhuacán sigue siendo el más omiso en el tema de feminicidios, aún y cuando este tema atañe a todos.
Municipios en Alerta
La segunda alerta, aplica para Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, a dónde los alcaldes deberán implementar, junto con el gobierno estatal, medidas de seguridad, prevención, justicia y todas las requeridas para garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas su seguridad, integridad y el derecho a una vida libre de violencia.
