Se aprobó antes del plazo establecido el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024 y considerando la existencia de 3,000 artículos reservados para su discusión, se antoja imposible que se hubiera agotado en su totalidad el análisis y las consideraciones de cada uno.

Lo primero que vale la pena señalar es que los presupuestos públicos son en realidad programas políticos, en donde cada gobierno establece y clarifica a la sociedad donde se encuentran sus prioridades y sus definiciones políticas de corto plazo, sobre todo por qué, tristemente, aún no transitamos a una visión de largo plazo en la colocación de objetivos para consolidar auténticos proyectos que impacten en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Mucho se especuló sobre el contenido del Presupuesto 2024 y la oportunidad que tenían los integrantes del Congreso de la Unión para redefinir o ajustar la propuesta presentada por el poder ejecutivo a fin de atender las demandas más importantes de la ciudadanía. Cuestiones como la imperiosa necesidad de crear un Fondo especial para la reconstrucción de Guerrero, principalmente Acapulco después de OTIS, la ampliación del presupuesto para las entidades federativas y municipios (por que de ahí viene la mayor parte de los recursos que tienen estos niveles de gobierno), e incluso analizar y discutir la pertinencia del endeudamiento o el suministro de mas recursos al hoyo negro de PEMEX.

Cuando los ciudadanos buscan el voto popular para fungir como nuestros representantes, con frecuencia se olvidan de que, al tomar posesión como congresistas, dejan de ser representantes partidistas para convertirse en representantes de la sociedad, es decir, se deben a la ciudadanía, no a las agendas de los partidos y sus cupulas, ni tampoco a los deseos de los representantes de otros poderes, principalmente aquellos o aquellas que encabezan el poder ejecutivo. Si bien deben existir acuerdos que nos permitan resolver las diferencias y los conflictos de forma pacífica, claramente debe entenderse la autonomía de los poderes y la función de cada uno.

Lamentablemente, muchas de las decisiones tomadas por el Congreso, parten de visiones partidistas, electorales y de intereses personales o de grupo, de ahí la necesidad y la responsabilidad de elegir a los mejores candidatos en posiciones de toma de decisiones que beneficien realmente a la ciudadanía, que es a quien se deben.

El presupuesto aprobado nos dice muchas cosas, ya que más allá de analizar un nivel de endeudamiento de más de 1.9 billones de pesos y la propuesta de recursos destinados a financiar el gasto asociado al avance de las obras emblemáticas, aun sin terminar o para que puedan, administrativamente, prestar los servicios comprometidos cuando están lejos de alcanzar un punto de equilibrio que los vuelva rentables, convirtiéndolos en una carga extra para las limitadas finanzas públicas, como el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nos plantea un inusual y poco sostenible incremento en los programas sociales que reducirá el margen de maniobra del próximo gobierno, que sin lugar a dudas tendrá que elevar los impuestos para el 2025 o recortar presupuesto en otros rubros, ambas decisiones sin duda, poco populares, pero necesarias.

¿Qué tan grande es el presupuesto destinado al denominado “sector social”?, pues, la forma de medirlo es realizando comparaciones, por ejemplo, es 5.6 veces más grande que los recursos aprobados para el sector salud, con más de 50 millones de personas sin acceso a los servicios, parece desgarrador, 1.27 veces más grande que la inversión en educación, considerando el rezago educativo generado por la pandemia suena irracional, 7.33 veces más grande que el presupuesto destinado al campo, ojo, solo en el rubro de alimentos y bebidas, la inflación ha sido de dos dígitos en los últimos 12 meses, 275 veces más grande que la promoción turística, actividad de la que dependen millones de empleos directos e indirectos o 137 veces más grande que el presupuesto destinado al fomento económico, considerando las mesas de resolución de controversias abiertas con nuestros socios comerciales y la urgente necesidad de implementar estrategias para que no se nos escapen los beneficios del nearshoring, sobre todo con el elevado riesgo de que Trump gane la presidencia de Estados Unidos en el 2024.

Así pues las prioridades, sin entender que para poder distribuir riqueza, primero se tiene que generar, defendiendo narrativas de reducción de la desigualdad pero sin atender las necesidades básicas de la sociedad, un presupuesto que plantea reducir los recursos para órganos autónomos o para el propio INE, quien organizará la elección más grande, jamás vista en nuestra historia, pero que amplia por otro lado el presupuesto a PEMEX, cuyo beneficio sigue sin sentirse en el bolsillo de las personas.

Ahora a lidiar con las decisiones que han tomado aquellos y aquellas que nos representan, el próximo año tendremos nuevamente la oportunidad de elegir, entre distintas opciones, a aquellos que puedan hacerlo mejor, aunque para ser justos, la culpa no es del todo de los congresistas o del poder ejecutivo, que no se nos olvide que para que la democracia funcione, tenemos que estar dispuestos a participar y no solo el día de las elecciones, sino en todo momento, desde todos los espacios y todas las trincheras, acuérdese que aquello que no se vigila, se pierde.