Lumbreras de Perícles De Buen Hierro
El 11 de octubre de 2009, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), organismo público descentralizado encargado de suministrar energía eléctrica en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla.
Entre los argumentos que sustentaron la decisión se encontraban la supuesta incosteabilidad de la empresa, sus altos costos operativos y la necesidad de mejorar el servicio, bajo la premisa de que generaba más pérdidas que beneficios. También se puso bajo la lupa el contrato colectivo de trabajo negociado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), considerado uno de los más favorables del país.
Se habló entonces de “beneficios excesivos”: un esquema de jubilación con montos elevados y retiro a edad temprana, ayuda para renta, fondo de ahorro, canasta básica, bonos por productividad y subsidios al consumo eléctrico doméstico. La narrativa oficial colocó esos derechos laborales como símbolo de privilegio.
La extinción de LyFC dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores; alrededor de 9 mil estaban en condiciones de jubilarse en ese momento. El SME calificó la medida como un “golpe de Estado” laboral y sostuvo que el trasfondo era político: debilitar a uno de los sindicatos más fuertes y combativos del país.
Con el paso de los años, los gobiernos federales implementaron distintos mecanismos para intentar resarcir el daño, desde liquidaciones hasta esquemas de jubilación y compensación. Sin embargo, el conflicto nunca desapareció del todo.
Hoy, más de una década después, el tema vuelve al debate público. ¿Por qué? ¿Y en qué posición queda el SME y sus agremiados dentro del actual mapa político?
Hace unos días, en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno expuso cifras sobre las jubilaciones de ex trabajadores de LyFC. Se informó que alrededor de 14 mil jubilados representan un costo anual cercano a 29 mil millones de pesos. Además, se señaló que cerca de 9 mil perciben pensiones que oscilan entre los 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales.
Que se revisen los montos de las pensiones no debería sorprender: se trata de recursos públicos. Lo que llama la atención es que el SME ha sido históricamente cercano al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, incluso desde antes de la fundación de Morena. Diversas versiones señalaron que entre 2006 y 2012 el sindicato apoyó movilizaciones y actividades políticas del entonces dirigente opositor, inclusive con cantidades de dinero importantes. En su momento, López Obrador calificó la extinción de LyFC como un “asalto” y una decisión “cobarde”.
La cercanía no terminó ahí. Ya en el gobierno de López Obrador se implementó el “Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social”, mediante el cual cerca de 7 mil ex trabajadores recibieron apoyo económico y cobertura de salud como forma de reparación. El propio presidente lo presentó como un acto de justicia histórica frente a lo que consideró un agravio del calderonismo.
Por ello, resulta inevitable preguntarse si el actual escrutinio público sobre las jubilaciones obedece únicamente a criterios de austeridad y transparencia, o si también refleja un reacomodo político. Durante años, los ex trabajadores de LyFC fueron estigmatizados como privilegiados, conflictivos o improductivos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se les mantuvo con la expectativa de una reinserción laboral que nunca llegó. Con López Obrador se otorgaron predios en comodato al SME para impulsar proyectos cooperativos en el sector eléctrico. Ahora, con Sheinbaum, el foco vuelve a colocarse en el costo de sus jubilaciones.
En medio de estos vaivenes políticos, los ex trabajadores han pasado de ser símbolo de privilegio a bandera de justicia social, y ahora nuevamente objeto de cuestionamiento. Las pensiones que hoy se exhiben fueron producto de negociaciones contractuales legales entre el sindicato y el gobierno en turno. Podrán debatirse sus montos, pero no puede negarse que derivaron de acuerdos institucionales.
Tal vez, en este nuevo capítulo, el mensaje implícito sea un “¡Adiós, muchachos!”, evocando la película Au revoir les enfants, una historia atravesada por la amistad y la traición. Porque en política las lealtades suelen durar lo que duran las conveniencias. Y cuando la fuerza electoral y económica o la capacidad de movilización disminuyen, también puede diluirse la cercanía.
Más allá de las afinidades partidistas, la discusión debería centrarse en algo más profundo: si los llamados “privilegios” de LyFC eran en realidad conquistas laborales que cualquier trabajador mexicano aspiraría a tener. En lugar de utilizarlos como botín político —ya sea para desacreditar o para enaltecer— quizás la pregunta de fondo sea por qué esos estándares no se convirtieron en piso mínimo para el resto de las y los trabajadores del país.
Porque al final, quienes mueven a México no son los gobiernos en turno, sino sus trabajadores. Y convertir sus derechos en moneda de cambio política sería, una vez más, repetir la historia de amistad, conveniencia… y traición.
