Vida pública por Arturo Huicochea
Hay cifras que no admiten maquillaje. Hay números que, cuando se pronuncian en voz alta, pesan como lápidas. En los últimos años, el presupuesto destinado a vacunas en México fue dramática, criminalmente subutilizado. Entre 2022 y 2025 se aprobaron 62 mil 939 millones de pesos para vacunación. De ese monto, 44 mil 457 millones no se ejercieron. Dicho sin rodeos: 7 de cada 10 pesos destinados a proteger la salud de la población se quedaron guardados.
No se trata de una discrepancia contable. Es una omisión que perjudica miles de personas y ha costado la vida de decenas de personas inocentes, especialmente niñas y niños. El país enfrenta una epidemia activa de sarampión con casi 10 mil casos registrados. Tan sólo en enero y febrero se concentró el 26%, lo que revela una aceleración alarmante. El sarampión no es una enfermedad menor, parecía nostalgia estadística del siglo pasado, pero la negligencia la ha revivido como amenaza latente.
La Epidemiología básica es clara: una sola persona con sarampión puede contagiar hasta a 18. Su propagación es una de las más altas entre enfermedades infecciosas. Una de cada cien personas contagiadas morirá. Y quienes sobreviven no siempre salen ilesos: puede dejar secuelas permanentes como pérdida de la vista, del oído o daños neurológicos irreversibles.
Pero lo más inquietante es saber que: sólo 6 de cada 10 niñas y niños tienen su esquema completo de vacunación. Cuatro de cada diez están expuestos. Millones de familias viven con un riesgo que no debería existir, y que no existiría si el presupuesto aprobado hubiese llegado a su destino natural: las vacunas, los centros de salud, las brigadas de inmunización, las comunidades más apartadas.
Aquí aparece un concepto que incomoda, pero que debe explicarse con claridad: la negligencia criminal. No es una sentencia judicial ni un insulto político. Es una categoría que describe la conducta de quien, teniendo la obligación y los medios para actuar, omite hacerlo aun sabiendo que su inacción puede provocar daño grave. Es una responsabilidad de primer orden.
Detrás de cada peso no ejercido hay una vacuna que no llegó; detrás de cada vacuna que no llegó hay una niña, un niño, un adulto mayor que quedó expuesto. Y detrás de cada exposición hay familias enteras viviendo con incertidumbre. Para quienes confiaron con buena fe en que la prioridad sería la salud de los más vulnerables, la decepción no es debilidad: es conciencia cívica despertando.
El arrepentimiento democrático no debe avergonzar; debe movilizar. Rectificar también es participar. La lealtad política jamás puede estar por encima del derecho a la vida y a la protección de la salud.
Este no es —ni debe ser— un debate partidista. Es un asunto de salud pública. Es un asunto de vida o muerte.
Precisamente por eso la respuesta no puede quedarse en la indignación. Debe traducirse en políticas públicas que cierren la puerta a estas omisiones:
- Un Registro Nacional de Vacunación digital, que permita saber con precisión quién está protegido.
- La recuperación de la cartilla electrónica, con seguimiento desde el nacimiento.
- Blindar el presupuesto de vacunación, para que cada peso aprobado se convierta en inmunización real.
- Informes públicos trimestrales, que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
La vida pública se dignifica cuando la ciudadanía exige resultados verificables y no sólo promesas emotivas. Porque gobernar es, antes que todo, proteger personas. Sin ello, la transformación es una quimera.
