Empiezo esta columna con una confesión, originalmente me había resistido a hablar profundamente sobre la elección judicial a la que estamos convocados el próximo domingo 1 de junio. No por flojera o desinterés, sino porque he leído muchas voces especializadas que han abordado el asunto desde una perspectiva jurídica, política o social.
Incluso, me tope con un par más de notas que trataban de aproximar datos económicos, pero mucho más enfocados al costo del ejercicio que de los asuntos que en realidad nos importan a los ciudadanos.
Sé que, a estas alturas, ya llevamos más de 15 meses tocando el mismo tema, hay cierto nivel de hartazgo que al final del día se traduce en un malestar social y rechazo al proceso por parte de algunos miembros de nuestra sociedad, pero en general se traducen en desencanto, apatía y una necesidad inmensa de que la elección concluya para ocuparnos de otras cosas.
Llevo algunas semanas en reflexión tras escuchar muchas posturas que invitar a votar o a no hacerlo y decidí analizar el asunto desde mi espacio de conocimiento, la economía. Cuando lo lleve a esa arena, me clarificó la decisión que tomaré y le quiero compartir mis reflexiones a todo aquel, aquella que aún no sabe si va a participar o no.
El primer afectado de este proceso, ha sido (y será) la inversión. Pero no necesariamente la inversión especulativa, esa que se da en el mercado de dinero, sino la inversión física, en plantas productivas, en negocios, en maquinaria y equipo, en ampliación de la producción. Esta inversión es la que genera empleo y permite que las familias cuenten con ingresos necesarios para comprar sus satisfactores.
Hace unos días el secretario Ebrard, hablaba de como la inversión había roto un récord en nuestro país como una señal de que las cosas van bien, el tema es que no es lo mismo registrar los inventarios de años pasados o reinvertir las utilidades en la operación de la empresa, que invertir en fierros, sucursales, naves industriales o locales. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Economía, en 2022, el 46% de la Inversión Extranjera Directa (la que va los fierros) correspondía a nuevas inversiones, esta cifra se redujo a menos del 3% en el primer trimestre del 2025. El resto (más del 97%) solo es re-inversión.
La calificadora Moody's ha advertido que la reforma judicial podría afectar la calificación crediticia de México, al incrementar la incertidumbre jurídica y reducir la confianza de los inversionistas. Además, el banco de inversión Morgan Stanley rebajó su recomendación para invertir en México a "Underweight", citando la reforma judicial como uno de los factores clave en esta decisión, ¿Por qué?, por que genera desconfianza la elevada probabilidad de que lleguen a esa posición, personas afines a un partido político (principalmente cercano al gobierno) que tenga motivaciones ideológicas, de grupo, de partido o personales, a la hora de analizar un conflicto y dar un veredicto que no sería objetivo, es decir, no obedecería a la aplicación de la ley, sino a la obediencia de los intereses.
El acceso al crédito es la segunda preocupación, ¿ha ido recientemente a un banco a solicitar un crédito? En México más del 85% de las compras de auto, casa o algunos bienes muebles se realiza a través del crédito, o ¿qué me dice de la solicitud de un crédito personal o empresarial?. Las tasas promedio del sistema financiero formal no son menores al 38% y mientras esto sucede, Banco de México está decidido a bajar las tasas de referencia de forma acelerada hasta llevarnos a un 6.5% a finales del 2025, esperando que la banca replique sus decisiones.
Hace unas semanas, se llevó a cabo la Convención Nacional Bancaria en Nayarit, al evento asistieron tanto la Presidenta Sheinbaum como la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. La petición fue muy clara y sin especulaciones: bajen las tasas, flexibilicen el acceso al crédito para que la economía se recupere.
La realidad, es que las tasas no bajan o lo hacen de forma simulada, pero no necesariamente porque se busque obtener mayores ganancias por parte de los miembros del sistema, sino porque las condiciones actuales son inciertas y el riesgo de incumplimiento de los acreditados es elevada, por eso se compensa el riesgo con una tasa mayor. Si en México las condiciones de seguridad interna, la relación comercial con Estados Unidos y el establecimiento de pesos y contrapesos en nuestra democracia fuera una realidad, esos temores serían infundados.
El tercer afectado es el empleo formal y el ingreso. Recientemente INEGI proporcionó información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en donde podemos observar un crecimiento del empleo informal hasta el 54.4% del total (es decir, 54 de cada 100 trabajadores son informales), las causas de la informalidad son variadas, no todo recae en la reforma judicial claramente, pero sin duda, la falta de certidumbre jurídica ante un experimento que no tiene precedentes en nuestro país, eleva la ansiedad económica e impulsa la informalidad por ser concebida como un espacio de resguardo, en donde se puede camuflar la actividad económica para individuos y empresas. El empleo informal tiene una vinculación directa con la perdida de ingresos, incluso si estos aparentemente son más altos que el salario mínimo, ya que multiplica el uso del dinero en la atención médica, el ahorro, la vivienda, etc. de quienes lo obtienen.
Finalmente afectará las relaciones comerciales con todos nuestros socios, no solo Estados Unidos y Canadá, gobiernos que han expresado su preocupación por los posibles efectos de la reforma en el cumplimiento del T-MEC. La suscripción de tratados comerciales implicará entender cómo funcionará el nuevo poder judicial, esclarecer los vínculos directos o indirectos con los poderes ejecutivo y judicial y por ende, evaluar el nivel de independencia, legitimidad y objetividad a la hora de aplicar la justicia en nuestro país, lo que implicaría la aceptación de una serie de condiciones para garantizar la seguridad de las inversiones y las relaciones comerciales futuras.
Como verá, no solo se trata de discusiones sobre cómo se ajustará la política o se pone en riesgo la división de poderes e incluso la libertad o el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, tiene que ver con nuestra economía también, es por ello que, iré a votar, no como un favor a nadie o un compromiso político o social con algún candidato, candidata en cuestión, sino por la firme convicción de que todo espacio ciudadano es y debe ser eminentemente nuestro.
En la antigua Grecia, la ciudadanía no era un derecho para todos, solo unos cuantos podrían llamarse a sí mismos ciudadanos, tomaban el cargo con toda seriedad y responsabilidad, porque se entendía como un privilegio, pero también como un deber.
No solo se trataba de tener el privilegio de participar en algunas decisiones, sino cumplir el compromiso de contribuir con la construcción del Estado y aunque no comparto la decisión de reformar de esa manera al Poder Judicial y me parecen terribles las motivaciones del Ejecutivo y el Legislativo, dentro de esa lista inmensa se encuentran personas que están más que preparadas para ejercer los cargos respectivos.
Votaré por mi país, votaré por que es mi derecho y quiero ejercerlo, votaré por mi bienestar económico y el de mis vecinos, votaré por mi futuro, el de mis hijos y el de los tuyos, votaré porque ser ciudadana no es solo una condición que adquiero frente al Estado al cumplir 18 años, es y será siempre, un privilegio.
MGPP Cynthia Valeriano López
Profesora de Economía
Tec de Monterrey, Campus Toluca
