Al dar lectura al primer punto, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, coordinador de la bancada, explicó que el propósito es exhortar a la Codhem para que establezca programas específicos de atención a las trabajadoras del hogar que hayan sufrido algún tipo de discriminación o violencia, y para que realice, promueva y difunda campañas sobre el tema.
Señaló que las trabajadoras del hogar son una parte fundamental del desarrollo económico del país y de la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, y que, sin embargo, son un sector olvidado y pocas veces se valora su trabajo; son profundamente discriminadas y consideradas como personas de menor valía, además de que los empleadores ejercen violencia sobre ellas.
En este sentido, aseguró que los legisladores deben garantizar que todos los seres humanos sean tratados de manera digna, que no se les violente ningún derecho fundamental y que siempre haya un trato respetuoso e igualitario.
El legislador indicó que en México, de acuerdo con el INEGI, poco más de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado; 90% son mujeres, una de cada tres no concluyó la primaria, tres de cada diez no finalizaron la secundaria y una de cada tres son de origen indígena. Según la encuesta Percepciones sobre el trabajo doméstico, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 90% de las trabajadoras del hogar desconocen que exista alguna legislación que garantice sus derechos.
Aunado a estos datos, mencionó que los principales abusos de los que han sido objeto las trabajadoras domésticas son: discriminación por ser indígenas, en 33%; prohibición de hablar su lengua madre, 25%; despido injustificado y acusaciones de robo, 16%.
A 16% les han revisado sus pertenencias; 12% han sufrido maltrato verbal o acoso sexual en un 12%, y 11% han sido discriminadas por ser trabajadoras del hogar. Estas cifras, señaló el diputado, evidencian los problemas a los que se enfrentan, los cuales requieren ser combatidos y erradicados.
Este punto de acuerdo fue remitido a las comisiones legislativas de Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen.