El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que la dependencia continuará investigando y exponiendo las presuntas conexiones entre integrantes de organizaciones del narcotráfico y actores políticos mexicanos.
En un mensaje publicado este martes en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la corrupción en México contribuye al funcionamiento de los cárteles que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses. Aseguró que la DEA mantendrá sus acciones contra quienes, desde cargos públicos o posiciones de poder, presuntamente faciliten o protejan las actividades de estos grupos.
“No nos estamos echando para atrás”, escribió Cole, al reiterar que la agencia buscará revelar los vínculos entre organizaciones terroristas extranjeras y políticos señalados por posibles actos de corrupción. Sin embargo, en esta publicación no identificó a nuevos funcionarios bajo investigación ni anunció cargos adicionales.
El pronunciamiento da continuidad a otro mensaje difundido el 13 de noviembre, luego de la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En aquella ocasión, Cole afirmó que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) mantendrían la persecución de funcionarios y actores políticos que presuntamente obtengan beneficios de grupos criminales, los protejan o contribuyan a sus operaciones. También sostuvo que la relación entre corrupción y narcotráfico debe investigarse sin importar la filiación política de los involucrados.
Acusaciones contra funcionarios de Sinaloa
Entre los antecedentes mencionados en el contexto de esta ofensiva se encuentra la acusación presentada en abril por el Departamento de Justicia estadounidense contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas que ocuparon cargos públicos en esa entidad.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York los señaló por presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para introducir grandes cantidades de droga a Estados Unidos. De acuerdo con la imputación, algunos de los acusados habrían proporcionado información confidencial de corporaciones de seguridad y del Ejército Mexicano a integrantes de la organización criminal, a cambio de sobornos.
En el grupo señalado figuran Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto de la entidad; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, y Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán.
Las imputaciones forman parte de un proceso penal en Estados Unidos y no representan, por sí mismas, sentencias condenatorias contra las personas señaladas.
Posteriormente, Rocha Moya solicitó una licencia indefinida a su cargo, luego de que su posible regreso al gobierno estatal generara rechazo dentro de Morena y cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sanciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa
Otro episodio ocurrió en septiembre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
Entre los sancionados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su hermano Luis Alfonso Torres. Según las autoridades estadounidenses, ambos habrían participado en una red de sobornos y lavado de dinero mediante empresas y campañas políticas. El Departamento del Tesoro también relacionó a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como líder de Los Rusos en Mexicali.
La lista incluyó a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien las autoridades estadounidenses atribuyeron presuntos pagos ilícitos por parte de “El Ruso” para facilitar el control de la policía municipal por parte del Cártel de Sinaloa y permitir sus operaciones.
También fue sancionado Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California. El Tesoro estadounidense lo identificó como cercano a Carlos Torres y señaló que habría utilizado sus relaciones e influencia política para favorecer a José Ángel Rivera Zazueta, conocido como “Don Flaco”, a cambio de sobornos.
Rivera Zazueta había sido detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
La sentencia contra “Tony Montana”
El mensaje de Cole del 13 de noviembre se difundió después de que Antonio Oseguera Cervantes recibiera una condena de 22 años y seis meses de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. La sentencia fue dictada por la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, luego de que el acusado se declarara culpable cuatro meses antes.
Durante el proceso, su defensa solicitó una pena de 20 años, bajo el argumento de que, debido a su edad —68 años—, una condena mayor reduciría sus posibilidades de sobrevivir en prisión. Por su parte, la fiscalía estadounidense había solicitado 30 años de cárcel.
Estos acontecimientos se enmarcan en el endurecimiento de la política antidrogas de Washington desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump. La estrategia ha incluido una mayor presión sobre México para combatir a los cárteles, así como medidas comerciales, sanciones financieras y procesos judiciales contra presuntos integrantes del crimen organizado y personas señaladas por posibles vínculos con estas organizaciones.
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