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La incongruencia de censurar el regional mexicano frente a la violencia

La incongruencia de censurar el regional mexicano frente a la violencia

Resulta llamativa la velocidad con la que diversos gobiernos estatales y municipales en México logran ponerse de acuerdo para multar, vetar o cancelar conciertos de artistas de regional mexicano bajo el argumento de combatir la apología del delito. En cuestión de horas se despliegan operativos administrativos, se aplican sanciones millonarias y se emiten comunicados moralizantes para "proteger el tejido social". Sin embargo, esa misma eficacia institucional parece esfumarse cuando se trata de frenar las extorsiones, las desapariciones o los enfrentamientos armados que ocurren a plena luz del día en esas mismas demarcaciones.


Desde una óptica constitucional, esta cruzada contra los corridos tumbados y los llamados narcocorridos camina sobre una línea muy delgada entre la prevención y la censura previa. Los artículos 6 y 7 de la Constitución protegen la libertad de expresión y la difusión de ideas, incluidas aquellas manifestaciones artísticas que resultan incómodas o crudas. En el derecho penal, la apología del delito exige una incitación directa y real a cometer un ilícito específico, no la simple narración de un contexto social. Al utilizar reglamentos de espectáculos o multas administrativas como filtro moral, la autoridad se convierte en un tribunal estético que castiga al mensajero mientras ignora el origen del mensaje.


La mayor incongruencia de estas prohibiciones radica en confundir el síntoma con la enfermedad. La música popular mexicana, desde los corridos revolucionarios hasta las vertientes urbanas actuales, ha funcionado históricamente como una crónica de la realidad social. Los jóvenes no se involucran en actividades ilícitas porque escucharon una canción en una plataforma digital; lo hacen porque crecen en entornos marcados por la precariedad, la falta de oportunidades y la presencia cotidiana del crimen organizado. Pretender pacificar un municipio prohibiendo un repertorio musical equivale a intentar bajar la fiebre rompiendo el termómetro.


A esto se suma una evidente selectividad. Mientras se persigue con rigor el contenido lírico en palenques y ferias locales, las plataformas de televisión y streaming producen series de alto presupuesto que romantizan exactamente las mismas dinámicas criminales sin enfrentar el mismo escrutinio gubernamental. Peor aún, se exige a los músicos una responsabilidad ética sobre la violencia que las propias instituciones de seguridad y procuración de justicia han sido incapaces de asumir, en un país donde la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.


Combatir la violencia requiere fortalecer las fiscalías, depurar las corporaciones policiacas y garantizar el acceso efectivo a la justicia, tareas complejas que no se resuelven con un decreto municipal. Prohibir canciones puede ser una estrategia rentable para proyectar una imagen de autoridad en redes sociales, pero en la práctica no desarma a un solo grupo delictivo ni devuelve la tranquilidad a las calles. Mientras el Estado no cumpla con su obligación básica de garantizar la seguridad pública, silenciar los escenarios seguirá siendo apenas una distracción frente a una crisis que exige soluciones de fondo y no cortinas de humo.


 


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