El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Órgano de Administración Judicial (OAJ) a transparentar los criterios que utiliza para realizar cambios de adscripción de magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, así como garantizar el pago oportuno e íntegro de indemnizaciones, prestaciones y pensiones complementarias contempladas en el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia judicial.
El legislador del PRI señaló que la implementación del nuevo modelo de administración judicial ha generado cuestionamientos sobre el ejercicio de las facultades del OAJ, particularmente en lo relacionado con la movilidad de las personas juzgadoras, la continuidad de los procesos jurisdiccionales y el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de la reforma.
De acuerdo con Moreira Valdez, las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses han generado inquietudes sobre los criterios utilizados para ordenar los cambios de adscripción y sus posibles repercusiones en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como en los derechos de quienes concluyeron su encargo bajo las disposiciones transitorias.
Ante este panorama, propuso que el organismo informe públicamente los criterios normativos, técnicos y administrativos que sustentan estos movimientos y que emita lineamientos generales para regular los procedimientos de movilidad, reasignación y cambio de adscripción.
El punto de acuerdo también plantea que las decisiones se rijan por principios de legalidad, objetividad, independencia judicial, seguridad jurídica y transparencia, además de establecer medidas para evitar afectaciones a la impartición de justicia y al derecho de la ciudadanía a recibir una justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional.
En cuanto a los derechos laborales, el diputado recordó que el artículo décimo transitorio de la reforma judicial contempla para las personas juzgadoras que declinaron participar en la elección o no resultaron electas una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado, veinte días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones y pensiones complementarias previstas en la ley.
Sin embargo, indicó que asociaciones de personas juzgadoras han reportado retrasos e incertidumbre en el cumplimiento de estas obligaciones. Según la información citada por el legislador, al menos 85 personas juzgadoras continúan pendientes de recibir la indemnización extraordinaria y más de 120 esperan el pago de prestaciones.
Moreira Valdez sostuvo que el cumplimiento de estas disposiciones debe formar parte de la implementación de la reforma judicial, por lo que llamó al Órgano de Administración Judicial a brindar certeza tanto sobre los procedimientos de adscripción como sobre los derechos laborales de quienes dejaron sus cargos.
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