El Congreso del Estado de México aprobó expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con la que se busca actualizar la estructura y el funcionamiento de la institución, fortalecer la participación de su comunidad, avanzar hacia la gratuidad progresiva de los servicios educativos y establecer nuevos mecanismos de justicia universitaria.
El dictamen integró iniciativas de los diputados de Morena Octavio Martínez Vargas y Gerardo Pliego Santana; de la bancada de Movimiento Ciudadano, coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya propuesta retomó una iniciativa de la propia universidad, elaborada a partir de consultas con estudiantes y personal académico y administrativo.
Durante la sesión de la LXII Legislatura, presidida por el diputado Vladimir Hernández Villegas, se avaló la legislación que, entre otros cambios, contempla la creación de un Órgano Electoral Universitario, un régimen disciplinario y de responsabilidad, así como un sistema de bienestar y cuidado universitario.
Al presentar el dictamen, la diputada Brenda Colette Miranda Vargas calificó la aprobación como un hecho histórico, al señalar que después de más de tres décadas se renueva el marco jurídico de la máxima casa de estudios mexiquense. Indicó que la propuesta fue resultado de un proceso de consulta y recibió la aprobación unánime del Consejo Universitario, con respeto a la autonomía de la institución.
Por su parte, Octavio Martínez Vargas destacó que la nueva legislación sustituye un ordenamiento vigente desde 1992 y plantea cambios en materia de democratización, gratuidad progresiva, ampliación del Consejo Universitario y vinculación con los sectores público, privado y social. También contempla la realización de consultas cada 10 años para actualizar las disposiciones universitarias.
Gerardo Pliego Santana sostuvo que la reforma representa una oportunidad para fortalecer a la universidad como institución formadora de profesionistas, generadora de conocimiento y promotora de la movilidad social. En tanto, la legisladora Paola Jiménez Hernández resaltó la importancia de ampliar la matrícula y garantizar que la nueva integración del Consejo Universitario favorezca una transición democrática y responsable.
Uno de los principales cambios será el mecanismo para elegir a la persona titular de la rectoría y a quienes encabecen los espacios académicos. La nueva ley establece que serán electos por mayoría de votos mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de la comunidad universitaria, con una contabilización por sectores: alumnado, personal académico y administrativo, conforme a la ponderación que determine el Estatuto Universitario.
El Consejo Universitario otorgará los nombramientos con base en los resultados presentados por el Órgano Electoral Universitario, instancia que tendrá a su cargo organizar, conducir, vigilar y validar la legalidad de los procesos electorales.
La legislación también establece requisitos para quienes aspiren a la rectoría o a dirigir espacios académicos, entre ellos no contar con sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no tener una sentencia firme por delito doloso que amerite prisión; no estar inhabilitados para el servicio público ni inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, además de presentar un plan de trabajo.
En cuanto al Consejo Universitario, la nueva ley establece que su integración deberá garantizar la paridad en la representación del alumnado y del personal académico. Estará conformado por la rectoría, las direcciones de los distintos espacios académicos, representantes sindicales y representantes de estudiantes y docentes. En total, se prevé una integración de 223 personas consejeras, elegidas mediante voto libre y secreto.
Entre sus atribuciones estará diseñar e implementar políticas para avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos, procurando la sostenibilidad financiera de la institución.
Al respecto, la ley establece la eliminación progresiva de los cobros por inscripción y reinscripción, en concordancia con la Ley General de Educación Superior. Para ello, la UAEMéx deberá aprobar y publicar, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, un plan de acción anual que incluya un diagnóstico financiero, metas de reducción de cuotas, fuentes de financiamiento y mecanismos de seguimiento.
La rectoría deberá gestionar los recursos necesarios ante las autoridades competentes y presentar un informe anual sobre los avances. Además, la disminución de los cobros no podrá sustituirse por conceptos equivalentes que contradigan el propósito de gratuidad.
Otro de los ejes será la creación del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, encargado de prevenir, conocer, resolver y sancionar las faltas de responsabilidad y disciplinarias cometidas por integrantes de la comunidad universitaria. Su actuación deberá sustentarse en principios de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, con independencia en sus funciones.
La nueva legislación también incorpora un sistema de bienestar universitario que contempla acciones para promover la salud física y mental, la seguridad y protección frente a riesgos y violencias, la alimentación saludable, el deporte, la accesibilidad de los espacios y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, además de impulsar una convivencia inclusiva y libre de violencia.
En materia de inclusión y modernización, la universidad tendrá un plazo máximo de 365 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la ley, para expedir un programa de accesibilidad física y digital y una estrategia de gobierno digital, ambos con perspectiva de derechos humanos.
Asimismo, se fortalecerá la vinculación con los sectores público, privado y social mediante convenios que faciliten la inserción laboral de las personas egresadas, las prácticas profesionales, el servicio social y los programas de empleabilidad. También se impulsará la extensión universitaria para poner al alcance de la sociedad los conocimientos, la ciencia, las artes, la cultura, el deporte y las capacidades de la institución.
Con la aprobación del nuevo ordenamiento, que abroga la ley vigente desde 1992, se establece un proceso de transición para garantizar la continuidad de las autoridades universitarias, elaborar el nuevo Estatuto Universitario e implementar gradualmente los sistemas, programas y servicios previstos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la UAEMéx.
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