Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra del dictamen de la Cuenta Pública 2024, al señalar que los resultados de la fiscalización reportan 65 mil millones de pesos pendientes de aclaración, principalmente de recursos federales, además de observaciones relacionadas con el sector salud y obras públicas.
Durante su posicionamiento en la tribuna, Arturo Yáñez, Jericó Abramo y Andrés Cantú, integrantes de la bancada coordinada por Rubén Moreira Valdez, advirtieron que el informe registra una deuda pública superior a los 17 billones de pesos al cierre de 2024. Por ello, exigieron dar seguimiento a las observaciones, esclarecer el destino de los recursos y, en los casos que corresponda, recuperar el dinero y sancionar a los responsables.
Arturo Yáñez sostuvo que las irregularidades detectadas deben investigarse y que la fiscalización no debe limitarse a identificar anomalías. También cuestionó el ejercicio del presupuesto destinado a salud, al señalar que se aprobaron 82 mil millones de pesos, pero únicamente se ejercieron 72 mil millones, por lo que pidió aclarar el destino de los recursos restantes.
El legislador afirmó que el uso del dinero público debe reflejarse en servicios, medicamentos y seguridad para la población. En ese sentido, insistió en que la Auditoría debe mantener el seguimiento de las observaciones hasta esclarecer los montos pendientes.
Por su parte, Jericó Abramo señaló que las observaciones de la Cuenta Pública 2024 involucran a instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como proyectos de infraestructura carretera.
De acuerdo con el diputado, de los más de 65 mil millones de pesos observados, alrededor de cinco mil millones ya habrían sido reintegrados, mientras que cerca de 60 mil millones continúan pendientes de aclaración. Ante este panorama, propuso impulsar una nueva Ley de Disciplina Financiera para fortalecer la vigilancia del gasto público y combatir la corrupción.
Abramo también reconoció el papel de los medios de comunicación en la investigación de presuntos casos de corrupción y sostuvo que la transparencia debe acompañarse de mecanismos efectivos de fiscalización y sanciones.
En su intervención, Andrés Cantú cuestionó, además, un subejercicio de aproximadamente 25 mil millones de pesos en el IMSS-Bienestar y la magnitud de la deuda pública reportada al cierre de 2024.
El legislador señaló que, de las dos mil 264 auditorías realizadas, únicamente 418 correspondieron al Gobierno Federal, mientras que las restantes se practicaron a gobiernos estatales y municipales. A partir de estas cifras, criticó la distribución de las revisiones y pidió fortalecer la vigilancia sobre el ejercicio de los recursos federales.
Finalmente, Cantú afirmó que la aprobación de la Cuenta Pública por parte de la mayoría legislativa no elimina las observaciones pendientes y reiteró que los recursos públicos deben ser aclarados y protegidos, independientemente de los cambios de gobierno.
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