Un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso bajo análisis la aplicación de las acciones afirmativas utilizadas en los procesos electorales federales y advirtió que estos mecanismos, creados para ampliar la representación de grupos históricamente vulnerados, han enfrentado problemas de verificación y posibles prácticas de simulación por parte de los partidos políticos.
El documento, denominado “Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024)”, analiza la manera en que fueron implementadas estas medidas y señala particularmente el caso de las candidaturas destinadas a personas indígenas en la actual LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la investigación, de los 49 legisladores que llegaron a la Cámara bajo la cuota indígena, únicamente alrededor de 10 presentarían, según los criterios analizados por los investigadores, un vínculo comunitario considerado orgánico. El resto habría obtenido las candidaturas pese a no contar, presuntamente, con antecedentes de trabajo comunitario, dominio de una lengua originaria o residencia en municipios indígenas.
El estudio señala que uno de los principales problemas se encuentra en la autoadscripción calificada, mecanismo mediante el cual las personas candidatas deben acreditar su vínculo con una comunidad indígena. Según la investigación, se habrían presentado casos en los que las constancias comunitarias utilizadas para cumplir con este requisito fueron obtenidas mediante prácticas irregulares, situación que habría permitido la postulación de perfiles sin una trayectoria comprobable dentro de los pueblos originarios.
La investigación también aborda las acciones afirmativas destinadas a otros sectores, entre ellos personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad y población afromexicana. En estos casos, el análisis identifica como un área de atención el mecanismo de autoadscripción simple, mediante el cual la persona aspirante puede manifestar, bajo protesta de decir verdad, su pertenencia al grupo correspondiente.
El documento reconoce que estos mecanismos buscan proteger derechos como la privacidad y la intimidad, particularmente cuando se trata de información relacionada con la orientación sexual o determinadas condiciones personales. Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos adicionales de comprobación puede generar espacios susceptibles de ser utilizados de manera indebida durante la selección de candidaturas.
En cuanto a la representación indígena dentro de la actual Legislatura, el estudio señala que Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), concentran más de 80 por ciento de los espacios obtenidos mediante esta acción afirmativa. No obstante, la investigación plantea que los problemas detectados no corresponden exclusivamente a una fuerza política y forman parte de una problemática más amplia relacionada con el funcionamiento de las cuotas.
El análisis también revisa la representación de mexicanos residentes en el extranjero y advierte sobre modificaciones y restricciones que pueden dificultar la participación política de la comunidad migrante. Entre los aspectos señalados se encuentran las limitaciones para realizar campañas fuera del país y determinadas restricciones relacionadas con el financiamiento electoral.
Otro de los datos incluidos en el estudio apunta que 97.4 por ciento de las iniciativas presentadas por legisladores que llegaron mediante acciones afirmativas son congeladas o desechadas, mientras que nueve de cada diez de estos diputados y diputadas serían asignados a secretarías o vocalías de comisiones vinculadas con los sectores que representan.
A partir de estos hallazgos, la investigación plantea que las acciones afirmativas requieren mecanismos que permitan garantizar que los espacios reservados cumplan efectivamente con su propósito de representación y no se conviertan únicamente en requisitos administrativos para obtener una candidatura.
El estudio de la UNAM concluye que existe una brecha entre el objetivo de estas medidas y su aplicación práctica, por lo que plantea la necesidad de revisar los mecanismos de acreditación y seguimiento para fortalecer la representación efectiva de los grupos beneficiarios.
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