La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Penal estatal que plantea elevar hasta 13 años y cuatro meses de prisión las sanciones por determinadas conductas relacionadas con la vigilancia y obtención no autorizada de información cuando se utilicen drones, dispositivos de geolocalización o sistemas de videovigilancia.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, de Morena, y modifica un apartado del Código Penal que actualmente contempla penas de seis a 10 años de prisión para estas conductas, sin mencionar expresamente el uso de aeronaves pilotadas a distancia.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la agravante también se configuraría cuando estos dispositivos sean utilizados para captar signos, señales, escritos, imágenes, voces, sonidos o cualquier otro tipo de información mediante sistemas inalámbricos, electromagnéticos, ópticos o físicos.
La propuesta fue enriquecida con aportaciones de distintos grupos parlamentarios y con la opinión técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), según lo expuesto durante la sesión de dictamen.
Durante la discusión, Carmen de la Rosa señaló que el dictamen amplía el planteamiento inicial al incorporar de manera específica los dispositivos de geolocalización y los sistemas de videovigilancia dentro del tipo penal.
La legisladora explicó además que el Código Penal Federal ya contempla sanciones para conductas de esta naturaleza en el ámbito nacional, por lo que la modificación mexiquense se limitaría a delitos de competencia local. También sostuvo que la propuesta es congruente con la opinión técnica de la Fiscalía y con criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en la comisión.
Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, pidió mantener vigilancia sobre la aplicación de la eventual reforma y señaló que los drones también son utilizados legalmente por particulares y personas servidoras públicas para actividades como la topografía.
El legislador advirtió que quienes utilizan estas herramientas con fines lícitos podrían enfrentar acusaciones indebidas o incluso situaciones de extorsión, por lo que consideró necesario revisar con atención la actuación de las autoridades encargadas de investigar estos delitos.
A su vez, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, consideró que el dictamen amplía el alcance de la propuesta original, que estaba enfocada en conductas relacionadas con delitos como robo, abigeato y despojo.
La legisladora señaló que la modificación establece un tratamiento más amplio para las conductas relacionadas con la vigilancia y captación no autorizada de información.
El capítulo correspondiente del Código Penal mexiquense contempla conductas como acechar, vigilar, espiar, rastrear o proporcionar información sobre actividades, ubicación u operativos de personas servidoras públicas vinculadas con instituciones de seguridad y órganos jurisdiccionales, además de otras acciones relacionadas con el acceso o alteración de información.
La aprobación en comisiones no representa todavía la entrada en vigor de las nuevas sanciones. El dictamen deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente ante el Congreso del Estado de México antes de determinarse si las modificaciones son aprobadas por el Pleno.
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