La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó un dictamen para fortalecer los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, particularmente en favor de niñas, niños, adolescentes y personas que dependen de estos recursos.
El proyecto reúne iniciativas de la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, de Morena, y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.
Entre los principales cambios planteados se establece que el juez deberá decretar de oficio las medidas de aseguramiento de alimentos, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso y la protección del derecho de las personas acreedoras alimentarias.
El dictamen plantea además que el aseguramiento pueda realizarse mediante mecanismos como hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención o descuento directo de ingresos, así como cualquier otra garantía que el juez considere suficiente para cubrir la obligación alimentaria.
Con la modificación, la aplicación de estas medidas dejaría de depender exclusivamente de una solicitud expresa de las partes, de acuerdo con lo planteado en el proyecto, con el propósito de fortalecer el cumplimiento oportuno y efectivo de las pensiones.
Durante la reunión de la comisión, la diputada Itzel Ballesteros señaló que la reforma busca ofrecer mayor certeza a quienes dependen de los alimentos para su bienestar y desarrollo, al considerar que esta obligación trasciende el ámbito económico y está relacionada con derechos como la salud, educación y subsistencia.
Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, consideró que las modificaciones son pertinentes debido a la recurrencia de los conflictos familiares que llegan ante el Poder Judicial mexiquense y, particularmente, de los asuntos relacionados con pensiones alimenticias.
El legislador señaló que, pese a que el incumplimiento de estas obligaciones ya se encuentra contemplado en el Código Penal estatal, los cambios propuestos podrían aportar herramientas adicionales para favorecer su cumplimiento.
A su vez, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido del Trabajo, sostuvo que la evasión de las obligaciones alimentarias representa una problemática que puede afectar directamente el desarrollo de niñas, niños y adolescentes y la vinculó con situaciones de violencia económica.
La propuesta también contempla disposiciones relacionadas con los recursos disponibles en cuentas de retiro de las personas obligadas, cuando no existan otros bienes suficientes para cubrir la obligación, conforme a las condiciones y límites establecidos en el proyecto.
El dictamen aprobado en comisión deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que las modificaciones puedan convertirse en disposiciones vigentes.
Con este proyecto, el Congreso mexiquense busca reforzar las herramientas legales para garantizar el derecho de quienes dependen de una pensión alimenticia y reducir los obstáculos para hacer efectivo su cumplimiento.
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