La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso de 26 personas por su presunta participación en una red de contratación irregular de personal, conocida como esquema de “aviadores”, mediante la cual se habrían asignado plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas.
De acuerdo con la institución, la investigación involucra a 33 exservidores públicos, servidores públicos en funciones y particulares, entre quienes se encuentran exsubsecretarios, exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboró en distintas dependencias estatales.
La indagatoria deriva de denuncias presentadas este año por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), tras detectar 459 movimientos de alta de personal docente que presuntamente correspondían a personas que nunca desempeñaron actividades en los planteles asignados.
Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a que el esquema habría comenzado en 2021 y consistía en registrar de manera irregular a supuestos docentes en sistemas administrativos y de nómina, utilizando expedientes incompletos o sin la documentación requerida para posteriormente dispersar recursos públicos mediante cuentas bancarias controladas por terceros.
La dependencia señaló que el presunto mecanismo incluía reclutadores que captaban familiares y personas de confianza para prestar sus datos personales a cambio de una compensación económica, mientras que la mayor parte de los recursos obtenidos permanecía en poder de quienes presuntamente coordinaban la operación.
Como parte de la investigación, la FGJEM estimó que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026 el esquema habría generado un presunto daño patrimonial superior a 96 millones de pesos, cifra que podría incrementarse si se acredita que las conductas se realizaron desde años anteriores.
La Fiscalía indicó que 27 personas fueron detenidas mediante órdenes de aprehensión y quedaron sujetas a prisión preventiva justificada, mientras que 26 ya fueron vinculadas a proceso. Un caso permanece pendiente de resolución judicial y cinco investigados promovieron juicios de amparo contra las órdenes de captura.
Los imputados enfrentan cargos por los delitos de fraude y abuso de autoridad, relacionados con la presunta simulación de contrataciones y el desvío de recursos públicos mediante la asignación irregular de plazas gubernamentales.
Finalmente, la FGJEM informó que la investigación continúa abierta y que el expediente integra miles de documentos, entrevistas, peritajes e inspecciones, por lo que no se descarta el avance de nuevas diligencias o la incorporación de más personas a las indagatorias.