El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, afirmó que corresponde a las autoridades de procuración de justicia determinar si procede la solicitud de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación relacionada con el presunto secuestro que denunció a principios de este mes.
Durante una entrevista realizada en el marco de la inauguración del Festival Internacional del Chorizo 2026, el funcionario estatal señaló que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto hacia la autonomía tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como de la Fiscalía General de la República.
Duarte Olivares explicó que, de acuerdo con el marco jurídico vigente, la atracción de un caso por parte de la autoridad federal no depende de decisiones políticas, sino de criterios legales relacionados con la competencia de cada institución.
“La presidenta municipal está en su derecho de solicitarlo, pero tendrá que realizar las acciones jurídicas correspondientes y serán las autoridades competentes quienes determinen si procede o no”, expresó.
Respecto a los señalamientos hechos por Nancy Nápoles sobre una presunta intervención de personajes vinculados al Gobierno estatal, el secretario consideró que las acusaciones deben realizarse de manera puntual y con sustento, evitando generar especulaciones que puedan entorpecer el desarrollo de las investigaciones.
Asimismo, recordó que la propia Fiscalía mexiquense informó sobre una investigación en curso que involucra a personas cercanas al entorno de la alcaldesa, por lo que insistió en que será el trabajo ministerial y judicial el que determine responsabilidades.
Cuestionado sobre los recientes casos que han involucrado a alcaldes mexiquenses en investigaciones o procesos judiciales, Duarte Olivares sostuvo que cada autoridad municipal debe asumir la responsabilidad derivada del cargo que ocupa y cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.
Finalmente, reiteró que el Gobierno estatal continuará colaborando con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, pero sin intervenir en procesos que corresponden exclusivamente a las fiscalías.
