La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejerció acción penal contra seis personas presuntamente involucradas en la simulación del secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, ocurrido el pasado 31 de mayo.
De acuerdo con las investigaciones, el supuesto plagio habría sido planeado para justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento y gestionar recursos públicos bajo el argumento del pago de un rescate.
La dependencia señaló que fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, mientras que José Roberto “N”, esposo de la alcaldesa, y Oscar “N”, identificado como su cuñado, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y son considerados prófugos de la justicia.
Asimismo, la Fiscalía obtuvo una audiencia de formulación de imputación contra la propia presidenta municipal, programada para el próximo 9 de julio, al considerar que existen elementos que apuntan a una posible participación en la planeación y ejecución de los hechos.
Inicialmente, la edil denunció haber sido privada de la libertad por hombres armados, quienes supuestamente exigían 40 millones de pesos para liberarla. Sin embargo, las indagatorias ministeriales, apoyadas en videograbaciones, análisis de comunicaciones y entrevistas, concluyeron que no existen evidencias de que hubiera sido sometida por la fuerza.
La FGJEM indicó que los tres detenidos fueron localizados y capturados en el estado de Oaxaca mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.
Además del delito de simulación de secuestro, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por presunta extorsión. Por otro lado, la Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que analicen el posible daño patrimonial relacionado con los recursos municipales.
Las autoridades precisaron que las investigaciones continúan y que será la autoridad judicial la encargada de determinar la responsabilidad de los implicados conforme avance el proceso legal.
