Seguridad

Condenan a 50 años de prisión a tres policías municipales de Ecatepec por secuestro exprés

Condenan a 50 años de prisión a tres policías municipales de Ecatepec por secuestro exprés

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de la Autoridad Judicial una sentencia condenatoria de 50 años de prisión para cada uno de los implicados, en contra de Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva. El fallo emitido por un Juez con sede en Ecatepec castiga de manera contundente su participación penal en el delito de secuestro exprés, agravado por el hecho de que los hoy sentenciados se desempeñaban como elementos en activo de la Policía Municipal de dicha demarcación al momento de perpetrar el crimen.


Los hechos que originaron la indagatoria penal ocurrieron el 12 de octubre de 2023 en el municipio de Ecatepec. De acuerdo con las investigaciones de la representación social, los entonces servidores públicos privaron de la libertad a la víctima al interior de una patrulla oficial, utilizando el falso argumento de que se encontraba bajo detención legal, desviando por completo el uso de los recursos públicos asignados a la seguridad comunitaria.


Durante el trayecto a bordo de la unidad oficial, los policías despojaron al afectado de su teléfono celular y utilizaron su aplicación de banca móvil para realizar una transferencia electrónica de dinero a sus cuentas personales. De forma simultánea, los uniformados entablaron comunicación con los familiares de la víctima para exigirles la entrega de 50 mil pesos en efectivo a cambio de no ponerla a disposición del Ministerio Público y otorgarle su liberación, la cual se consumó posteriormente en calles de la colonia Polígonos.


Derivado de la denuncia y los avances en la investigación científica y de campo, la Fiscalía mexiquense identificó con precisión a los oficiales involucrados y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión. Elementos de la policía de investigación cumplimentaron el mandato judicial y trasladaron a los implicados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Tras agotarse el debido proceso y analizar el caudal probatorio, la autoridad judicial dictó la penalidad de medio siglo de reclusión y ordenó la suspensión total de sus derechos civiles y políticos.


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