El doctor en Economía y colaborador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, Adrián Escamilla Trejo, afirmó que el sistema financiero formal ha fallado en incorporar a las personas cuidadoras como sujetos de pleno derecho. Durante su participación en el seminario permanente de Justicia Fiscal desde la informalidad y la desigualdad, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el especialista expuso que la marcada preferencia por el cobro en efectivo dentro de este sector no es un hecho trivial, sino una respuesta directa a la exclusión estructural, la falta de incentivos institucionales y la desprotección laboral que sufren principalmente las mujeres en el país.
Escamilla Trejo, acompañado en el foro por la investigadora del IIJ, Gabriela Ríos Granados, analizó las métricas de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INEGI, destacando que en las últimas dos décadas las mujeres han dedicado en promedio cuatro horas y 49 minutos diarios al trabajo doméstico y de asistencia no remunerada, frente a las dos horas y siete minutos destinadas por los varones. Esta disparidad representa cerca de 900 horas anuales de labor invisible y no pagada por cada mujer, consolidando esquemas de doble o triple jornada que terminan por subsidiar el funcionamiento del modelo económico global.
De acuerdo con estimaciones del INEGI, el valor económico real del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se genera al interior de los hogares equivale a un rango de entre el 22 y 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una aportación monetaria que supera el peso de todo el sector manufacturero de México.
El también coordinador de la Encuesta Nacional de Culturas, Políticas y Democracia en México 2026 detalló que, incluso cuando la asistencia a terceros migra al ámbito remunerado (cuidado de infancias, adultos mayores o personas con discapacidad), las trabajadoras no escapan a la precariedad. El 90 por ciento de quienes ejercen esta actividad se encuentra en la informalidad laboral, desprovistas de contratos estables, prestaciones de ley y esquemas de seguridad social. Esta vulnerabilidad ante despidos injustificados provoca que los circuitos económicos de este gremio operen al margen bancario, optando por el efectivo como la vía de intercambio más inmediata y confiable ante la falta de garantías legales.
Para revertir este rezago histórico, el investigador universitario planteó ante la comunidad académica reunida en la sala Niceto Alcalá Zamora y Castillo que la solución requiere un enfoque de justicia estructural. Urgió a rediseñar la corresponsabilidad social del cuidado entre el Estado, el mercado, las organizaciones civiles y los hogares, transformando el modelo laboral para que las mayorías dejen de subsidiar el bienestar común a costa de su propia exclusión financiera y personal.
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