El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que las iniciativas de reforma judicial y electoral que el partido oficialista busca aprobar vía fast track durante el periodo extraordinario de esta semana presentan severas deficiencias estructurales, centralizan el poder y vulneran la estabilidad democrática del país. Durante la emisión de su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el líder priista —acompañado por los abogados Julián Proa y Miguel Sulub, y el economista Mario Di Costanzo— sostuvo que es una grave irresponsabilidad legislar de manera acelerada y sin consenso mientras México enfrenta una crisis aguda de inseguridad y violencia política.
Moreira Valdez cuestionó que los proyectos planteados dejen de lado las problemáticas reales que se viven en las campañas en territorio. Expuso que las iniciativas omiten protocolos claros para actuar ante el asesinato de candidatos, la imposición de candidaturas únicas por coacción criminal o el fenómeno donde determinadas regiones registran exclusivamente planillas masculinas, lo que obstaculiza la participación de las mujeres. Asimismo, criticó que no se contemplen atlas de riesgo electoral validados, criterios de anulación de comicios infiltrados por la delincuencia, ni sanciones definitivas como la pérdida de registro para partidos que se vinculen con actividades ilícitas. Por ello, propuso la creación de un órgano independiente encargado de investigar la injerencia criminal en la política.
Los analistas Miguel Sulub y Mario Di Costanzo señalaron que el empalme de las modificaciones electorales y judiciales generará un colapso logístico insostenible. Advirtieron que el electorado se enfrentará a boletas masivas para elegir de manera simultánea cerca de 850 cargos federales (magistraturas electorales, ministros, magistraturas de tribunales colegiados y jueces) y aproximadamente 3,000 juzgadores locales, haciendo inviable un ejercicio de voto ágil e informado.
Por su parte, el abogado Julián Proa subrayó que el anuncio de nuevos parches a la reforma judicial confirma la improvisación y los errores técnicos de origen cometidos en el proyecto original, al punto que las propias autoridades electorales consideran inviable su aplicación en los tiempos previstos. Ante este escenario, la bancada del PRI adelantó que dará una batalla legislativa ininterrumpida en San Lázaro, "día y noche", para frenar lo que catalogaron como una farsa centralista que pretende camuflar deficiencias de planeación bajo el argumento de la austeridad y la reducción de costos.
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