- Será operado por el juzgado cívico municipal, incluirá la información de las personas infractoras, será confidencial.
Para fortalecer la seguridad, el orden público, la paz social y la convivencia comunitaria en los municipios, y con pleno respeto a los derechos humanos, la LXII Legislatura mexiquense aprobó que los ayuntamientos creen su registro municipal de infracciones en materia de justicia cívica, excluyendo las detenciones, ya que estas corresponden a la competencia federal vinculada al Registro Nacional de Detenciones.
El dictamen de la iniciativa promovida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destaca que la reforma da cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México, aprobada el 22 de noviembre de 2023.
El decreto, leído en sesión deliberante del Congreso mexiquense por la diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena), menciona que se busca garantizar que las normas se apliquen con claridad y precisión, de modo que la tipificación de la infracción no sea vaga, imprecisa, abierta o excesivamente amplia, al punto de permitir la arbitrariedad.
El texto señala que los ayuntamientos contarán con un registro municipal de infracciones, operado por el juzgado cívico, a efecto de que se asiente la información de las personas a las que se les haya comprobado la comisión de infracciones en materia de justicia cívica.
Agrega que, a efecto de determinar la reincidencia, la jueza o el juez cívico consultará el registro y, en su caso, hacer referencia o anexar el antecedente de la persona infractora en la resolución respectiva.
El documento señala que dicho registro municipal tendrá que incluir los datos de identificación del expediente relativo al procedimiento del juzgado cívico, así como información de la persona infractora: nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio, y municipio de residencia y, en su caso, los datos de la resolución, la sanción impuesta, la forma de cumplimiento o su conmutación.
Asimismo, las personas servidoras públicas que tengan acceso al registro deberán garantizar su confidencialidad y resguardo, dado que contiene datos sensibles conforme a la normatividad aplicable. En tanto, el listado será de consulta obligatoria para las juezas y los jueces cívicos, a fin de contar con los elementos necesarios para la individualización de las sanciones.
También se precisa que la información contenida en el registro permitirá diseñar e implementar estrategias y acciones orientadas a preservar el orden y la paz pública en los municipios, así como instrumentar programas de bienestar, desarrollo social y prevención de adicciones, entre otros. De igual forma, las personas responsables de inscribir, proporcionar y administrar la información contarán con claves confidenciales, a fin de que quede debida constancia de cualquier registro, consulta o suministro de datos.
Indica que, de los procedimientos que se desahoguen y resuelvan a través de mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere la ley, deberá quedar registro en los archivos del juzgado cívico y en el Registro Municipal de Infracciones.
Cabe destacar que, en diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la citada ley, la cual fue resuelta en octubre de 2025 por la SCJN conforme a los términos señalados. Esta resolución obliga al Estado a realizar los ajustes necesarios para que los municipios cumplan con sus responsabilidades en materia de infracciones administrativas.
Es importante resaltar que la Ley de Justicia Cívica de la entidad tiene, entre sus fines principales, establecer reglas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, mejorar la convivencia social y mantener el orden público.
CLAVES
• El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense aprobó que los ayuntamientos creen su registro municipal de infracciones cívicas, sin que se incluyan detenciones.
• El registro será operado por el juzgado cívico municipal, incluirá la información de las personas infractoras, será confidencial y permitirá diseñar estrategias para preservar el orden y la paz pública en los municipios.
• La iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez atiende la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México, aprobada en 2023.
