El Poder Judicial del Estado de México conmemoró el tercer aniversario de la Sala de Asuntos Indígenas, destacando su papel en la construcción de una justicia intercultural que reconoce la diversidad de los pueblos originarios y otros sectores de la población.
Durante la jornada conmemorativa realizada en San Felipe del Progreso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Héctor Macedo García, subrayó que la impartición de justicia debe partir del reconocimiento de la diversidad cultural, incluyendo no solo a comunidades indígenas, sino también a migrantes y afromexiquenses.
En este marco, propuso avanzar hacia la creación de un Tribunal Indígena que permita a las propias comunidades resolver sus conflictos conforme a sus usos y costumbres, con respaldo constitucional y dejando a la justicia formal como última instancia.
Por su parte, Víctor Leonel Juan Martínez, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que únicamente el Estado de México y Oaxaca cuentan con una Sala de Asuntos Indígenas, lo que representa un avance significativo en la atención especializada de estos temas.
Asimismo, resaltó la importancia de reconocer la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en el país, lo que ha motivado iniciativas como “Diálogos entre justicias”, orientadas a fortalecer la comunicación entre autoridades judiciales y comunidades indígenas.
La magistrada Erika Icela Castillo Vega, presidenta de la Sala, señaló que en estos tres años se ha trabajado para garantizar el respeto, la protección y la dignidad de los derechos de las comunidades, rompiendo esquemas tradicionales dentro del sistema judicial.
En tanto, el alcalde de San Felipe del Progreso, Jaime Torres Marín, consideró que esta instancia representa un avance importante y una esperanza para construir una justicia que respete la identidad cultural de los pueblos indígenas.
Como parte de las actividades, se llevó a cabo la cuarta sesión itinerante de la Sala, en la que se resolvió no reponer un procedimiento judicial en favor de una víctima originaria de Quintana Roo y hablante de lengua maya, al considerar que ello sería perjudicial para su caso, además de evidenciar irregularidades como la falta de intérprete y una incorrecta tipificación del delito.
Al evento asistieron también integrantes del Poder Judicial estatal y organismos de derechos humanos, quienes coincidieron en la importancia de consolidar una justicia incluyente, accesible y respetuosa de la pluralidad cultural en la entidad.
