En el Congreso mexiquense, la diputada Maricela Beltrán Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC), propuso garantizar que ninguna niña o niño pierda el acceso a estancias infantiles o jardines de niños del DIFEM por causas atribuibles a madres, padres o tutores.
La iniciativa plantea prohibir que incumplimientos administrativos o económicos, como la falta de pago oportuno, la omisión de comprobantes o la carencia de documentos subsanables, deriven en la suspensión o baja inmediata del servicio.
Durante la sesión de la LXII Legislatura, la legisladora subrayó que el objetivo es evitar que las consecuencias de trámites o adeudos recaigan directamente sobre los menores, privilegiando su derecho a la educación y al desarrollo integral.
“Proponemos que ninguna niña o niño sea dado de baja por causas atribuibles a los adultos, y en su lugar implementar medidas humanas como revisiones socioeconómicas, convenios de regularización, apoyos temporales y becas”, expresó.
La propuesta contempla que, en lugar de sanciones directas, se apliquen mecanismos de prevención y acompañamiento, como la revisión socioeconómica extraordinaria, facilidades de pago y apoyos institucionales para las familias en situación vulnerable.
Asimismo, busca armonizar la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil con el principio del interés superior de la niñez, garantizando accesibilidad, igualdad sustantiva y mínima carga administrativa.
Entre otros puntos, se plantea que los procesos de admisión, reinscripción y permanencia en estos espacios sean más transparentes, con listas de espera claras, criterios verificables y prioridad para casos de vulnerabilidad como jefaturas monoparentales, discapacidad o violencia familiar.
La iniciativa también propone flexibilizar la entrega de documentos, permitiendo su subsanación razonable y el uso de medios provisionales de acreditación, con el fin de evitar barreras injustificadas para el acceso a estos servicios.
Con esta propuesta, el grupo parlamentario busca garantizar que ningún trámite o situación económica limite el derecho de niñas y niños a recibir atención, cuidado y educación en el Estado de México.
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