El exalcalde de Ecatepec y actual diputado federal, Fernando Vilchis Contreras, fue señalado por presuntamente intervenir para evitar que autoridades estatales concluyeran un operativo contra un basurero clandestino en la colonia La Monera.
De acuerdo con reportes, durante la diligencia encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue asegurado un predio ubicado en la calle Zapata Vive, dentro de la unidad habitacional Sergio Méndez Arceo, el cual presuntamente era utilizado como tiradero irregular de desechos.
En el lugar, autoridades localizaron cuatro camiones de carga que no contaban con los permisos correspondientes, los cuales serían trasladados ante el Ministerio Público; sin embargo, el procedimiento fue interrumpido cuando el legislador arribó acompañado de integrantes de la organización UPREZ-LM (Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata Línea de Masas).
Según versiones de vecinos, los acompañantes del diputado impidieron la salida de los vehículos asegurados, lo que derivó en la suspensión del traslado por parte de las autoridades.
El operativo se realizó tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos a la salud, debido a la acumulación de basura orgánica, inorgánica y presuntos desechos tóxicos en el predio, lo que además podría favorecer incendios y generar contaminación ambiental.
En la intervención participaron también personal de la Consejería Jurídica, así como de las direcciones de Medio Ambiente y Protección Civil, además de elementos de la policía municipal, quienes colocaron sellos de suspensión en el inmueble ante la falta de documentación que acreditara su operación legal.
Vecinos de la zona, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, acusaron que la permanencia del tiradero clandestino ha provocado la proliferación de fauna nociva, como ratas e insectos, afectando directamente sus viviendas.
Por su parte, Fernando Vilchis Contreras aseguró que el predio pertenece a una organización y cuestionó la actuación de la agente del Ministerio Público; no obstante, de acuerdo con los reportes, no presentó documentación que acreditara la legalidad del sitio como espacio autorizado para el manejo de residuos.
Durante el incidente, accesos a la unidad habitacional fueron bloqueados por taxis y bicitaxis vinculados a la organización, lo que complicó las labores de las autoridades.
Finalmente, ante la presión, el Ministerio Público optó por no retirar los camiones y solicitó al legislador acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente para continuar con el proceso.
La situación generó inconformidad entre los habitantes, quienes temen que el predio continúe operando como basurero clandestino, con los riesgos sanitarios y ambientales que ello implica.
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