Con el propósito de dotar al Estado de México de herramientas para la prevención de conflictos y la construcción de una cultura de paz, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso expedir la Ley Estatal de Acceso y Promoción de la Paz.
En sesión deliberante, la diputada Itzel Guadalupe Pérez explicó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre autoridades y sociedad bajo un enfoque preventivo, privilegiando la educación, el deporte, la unión familiar y el respeto entre las personas como ejes para la transformación pacífica de las diferencias.
El proyecto clasifica las violencias en tres vertientes: directa, relacionada con daños físicos o emocionales; estructural, derivada de la desigualdad e inequidad; y cultural, vinculada a ideas que legitiman la agresión. En este sentido, plantea la erradicación de estas conductas y concepciones mediante acciones transversales en distintos ámbitos sociales e institucionales.
La legisladora destacó que la promoción de la paz debe ser transversal tanto en el ámbito gubernamental como en las relaciones sociales, por lo que la propuesta impulsa la seguridad humana desde una perspectiva integral que incluye dimensiones ambientales, políticas y económicas.
De aprobarse, la implementación de la ley estaría a cargo de la Secretaría General de Gobierno, instancia responsable de coordinar la política estatal y de incorporar el enfoque de paz en todos los niveles de gobierno.
En el ámbito municipal, la iniciativa prevé la creación de Consejos Municipales de Participación Ciudadana para la Gobernanza y la Paz, así como de “espacios de paz”, concebidos como lugares públicos destinados a fortalecer la organización comunitaria.
Asimismo, contempla la elaboración de un Programa Estatal de Promoción de la Paz, que establecería directrices para la implementación de acciones en materia de acceso y promoción de la paz.
Para robustecer el diseño y seguimiento de la política pública, se propone integrar un consejo consultivo interdisciplinario y honorífico, conformado por especialistas, representantes de universidades, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, personas servidoras públicas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar un sustento académico, técnico y ciudadano en las estrategias.
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