El diputado César Israel Damián Retes, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de tipificar de manera específica el delito de fraude por la venta de boletos falsos para eventos masivos.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, plantea adicionar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal para sancionar a quien, a sabiendas de su falsedad, ofrezca, distribuya o comercialice boletos para eventos masivos sin la autorización del organizador o sin la validación de la empresa de boletaje correspondiente.
De aprobarse, este delito se castigaría con penas de prisión de tres a siete años, así como con multas de 500 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se contemplan agravantes cuando el fraude se cometa a través de plataformas digitales o medios electrónicos, en cuyo caso la sanción podría incrementarse hasta en una mitad.
La propuesta también establece un aumento de hasta dos terceras partes en las penas cuando el ilícito implique la falsificación masiva de boletos, al considerar el daño colectivo y el alto impacto económico y social de esta práctica.
Adicionalmente, el legislador propone modificar la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de incluir el fraude por venta de boletos falsos dentro del catálogo de delitos considerados como delincuencia organizada.
En la exposición de motivos, Damián Retes señala que la venta de boletos apócrifos ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en una problemática recurrente y cada vez más sofisticada, impulsada por el uso de redes sociales, plataformas digitales fraudulentas y esquemas de engaño que afectan a miles de personas cada año.
Refiere que, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre 2020 y 2023 se registraron más de 10 mil denuncias relacionadas con la compra de boletos falsos para conciertos, eventos deportivos y espectáculos culturales, lo que evidencia un incremento sostenido de este delito y un impacto directo en el patrimonio de las personas consumidoras.
El diputado advirtió que las consecuencias de esta práctica no son únicamente económicas, ya que la circulación de boletos falsos puede provocar sobrecupo en eventos masivos, poner en riesgo la integridad física de los asistentes y dificultar la labor de las autoridades de seguridad y protección civil.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa busca proteger los derechos de las y los consumidores, fortalecer el Estado de derecho, garantizar la integridad del sector del entretenimiento y responder a una exigencia ciudadana frente al crecimiento de los fraudes digitales en el país.
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