Más de 100 denuncias formales ante el Ministerio Público se han generado a poco más de dos meses de la entrada en vigor de la reforma al Código Penal, que tipificó la usura como delito, la cual trató precisamente de enfrentar los préstamos abusivos que comprometen el patrimonio y la integridad de las personas.
Octavio Martínez Vargas, legislador de MORENA quien impulsó la modificación legal, señaló que la totalidad de las denuncias registradas hasta ahora provienen del municipio de Ecatepec, donde esta práctica se ha extendido en la zona metropolitana del Valle de México.
Octavio Martínez explicó que las víctimas han denunciado con frecuencia ofertas de financiamiento informal por montos iniciales relativamente bajos, que rápidamente se convierten en cobros por montos cuantiosos multiplicando varias veces la cantidad original, los cuales se ejercen de manera violenta, valiéndose de presiones y amenazas para exigir el pago.
La reforma, vigente desde el 21 de noviembre de 2025, establece que comete usura quien, aprovechándose de la necesidad, ignorancia o vulnerabilidad de otra persona, otorgue préstamos de dinero, bienes o servicios y cobre intereses superiores al doble de la tasa fijada por el Banco de México, incluso cuando existan contratos simulados o acuerdos verbales.
Las sanciones previstas van de uno a 15 años de prisión, además de multas de hasta tres mil 500 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a cerca de 396 mil pesos, con el objetivo de inhibir la operación de prestamistas informales que actúan fuera de la supervisión financiera.
Vale precisar que la denuncia puede presentarse aun cuando no existan documentos como contratos, recibos o pagarés, ya que el testimonio de la víctima constituye un elemento de prueba que obliga al Ministerio Público a iniciar la investigación, integrar la carpeta correspondiente y, en su caso, judicializar el asunto.
El delito también se configura cuando el préstamo se otorgó antes de la reforma, siempre que los cobros abusivos continúen después de su entrada en vigor, lo que amplía el alcance de la norma y permite a más personas acudir ante la Fiscalía estatal.
El legislador indicó que la incorporación de la usura como delito específico busca evitar que estos casos se investiguen como fraude, una figura que generaba vacíos legales y retrasos procesales, y atender una práctica que se ha consolidado como una actividad delictiva con efectos directos en la economía de las familias mexiquenses.
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