El Congreso mexiquense analizará la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas en la entidad, mediante mayores capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas.
La propuesta de reforma a las leyes en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; Orgánica de la Administración Pública, y de Seguridad, así como el Código Civil, todos del ámbito estatal, establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como la obligación de permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías, exclusivamente para estos fines.
El documento plantea el acceso de las fiscalías y comisiones de búsqueda a la Plataforma Única de Identidad; la creación y difusión obligatoria de una ficha técnica de búsqueda de alcance masivo y garantizar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares cuente con recursos, estructura y unidades multidisciplinarias, bajo esquemas de coordinación entre la Federación, el estado y los municipios.
El proyecto legislativo indica que toda autoridad o particular que genere, administre o resguarde datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas deberá permitir su consulta inmediata a las fiscalías y a las autoridades previstas en el artículo 21 de la Constitución nacional (Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y policías municipal y estatal), así como a las comisiones de búsqueda nacional y locales.
Leída por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena) en sesión de la Diputación Permanente, la iniciativa refiere que los centros residenciales de atención a las adicciones, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias, tanto públicos como privados, también deberán contar con registros completos y actualizados de los datos biométricos que recaben y permitir su consulta a las autoridades.
En el mismo sentido, impone la obligación a todas las instituciones públicas o privadas que tengan bajo su resguardo cuerpos o restos humanos de llevar registros forenses sistematizados y actualizados, permitir su interconexión y remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses, así como facilitar su consulta a las autoridades.
También se considera que las instituciones que generen o tengan acceso a imágenes o mediciones obtenidas mediante satélites, aeronaves no tripuladas u otras tecnologías permitan su consulta a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda; además, plantea el fortalecimiento de los servicios periciales y forenses, garantizando su capacidad para atender solicitudes de análisis y admitir el acceso y la consulta de registros y bases de datos a las autoridades competentes.
Sobre la emisión de la ficha técnica de búsqueda, se establece que será un documento oficial de elaboración inmediata tras recibirse una noticia, reporte o denuncia por desaparición, el cual deberá difundirse de manera masiva a través de todos los medios disponibles y notificarse al Registro Nacional de Población, con el objetivo de activar alertas en la Plataforma Única de Identidad sobre el uso de la Clave Única de Registro de Población de la persona desaparecida o no localizada.
Finalmente, la iniciativa prevé que la fiscalía especializada cuente con recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes, con un enfoque multidisciplinario y perspectiva de género, e incorpore unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, así como áreas especializadas en delitos cibernéticos.
El documento advierte que la desaparición forzada de personas constituye una de las crisis más graves de nuestro país, pues de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del periodo del 31 de diciembre de 1952 al 10 de diciembre de 2025, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas es de 386 mil 500, de las cuales 133 mil 562 corresponden a personas desaparecidas y no localizadas, es decir, el 34.56 por ciento del total, y 252 mil 938 fueron localizadas, lo que representa el 65.44 por ciento del total.
CLAVES:
-De 1952 a 2025, el total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas es de 386 mil 500; el 34.56% tiene el carácter de desaparecidas y no localizadas, y el 65.44% corresponden a localizadas.
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